En Bucaramanga, la Fundación Asopormen ha suspendido las terapias especializadas de física, ocupacional y de lenguaje para más de 300 niños, a partir de mañana 6 de enero de 2026 desde las 7:00 de la mañana, debido a los retrasos en los pagos por parte de la EPS Sanitas. La decisión afecta gravemente a las familias que dependen exclusivamente de estas instalaciones para el desarrollo de sus hijos, y ha desatado protestas pacíficas en las sedes de Asopormen y Sanitas, con una nueva movilización programada para el 7 de enero. Kren Giraldo, vocera de la fundación, ha denunciado la situación, mientras la EPS atribuye los incumplimientos a la falta de giros del Gobierno Nacional.
La suspensión se produjo de manera inmediata y sin periodo de transición, interrumpiendo rutinas y avances terapéuticos esenciales para los menores, en un escenario similar al vivido hace dos años por dificultades financieras. Padres de familia exigen una intervención urgente de las autoridades de salud, al tiempo que Asopormen continúa con gestiones administrativas y legales para resolver el impasse.
Denuncias y acciones legales en marcha
Kren Giraldo ha sido clara en su rechazo a la medida, destacando el impacto devastador en los niños afectados. La fundación ya ha presentado quejas ante la Superintendencia de Salud y anuncia la iniciación de incidentes de desacato contra Sanitas por el incumplimiento.
«Hoy nos suspendieron servicios en Asopormen por falta de pago de la EPS Sanitas. Mañana volvemos a plantar protesta. Son más de 300 niños que necesitan atención urgente en terapias. El daño es muy grande.»
Kren Giraldo, vocera de Asopormen
«No nos dieron tiempo de gestionar, hoy Asopormen nos cerró las puertas y seguimos sin servicio. Mañana protestaremos nuevamente.»
Kren Giraldo, vocera de Asopormen
«Ya realizamos las diferentes quejas ante la Superintendencia de Salud y procederemos a iniciar incidentes de desacato.»
Kren Giraldo, vocera de Asopormen
Esta crisis pone en evidencia las tensiones persistentes en el sistema de salud colombiano, donde los retrasos en los pagos entre entidades públicas y privadas comprometen servicios vitales para poblaciones vulnerables. Las familias esperan una solución rápida para restablecer las terapias y evitar retrocesos irreversibles en el progreso de los niños.
