Josías Fiesco, politólogo y aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, presentó la primera demanda ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo que fijó el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia. Esta acción judicial impugna la decisión del Gobierno nacional, argumentando que carece de sustento técnico suficiente y generará graves consecuencias negativas en la economía, la informalidad laboral y los costos para los hogares colombianos. La demanda fue radicada mientras continúa el debate sobre su impacto, en un contexto donde el salario mínimo más subsidio de transporte alcanzará los 2.000.000 pesos mensuales, elevando el costo total para las empresas por cada trabajador mínimo a 2.864.324 pesos mensuales.
El aumento del 23 por ciento posiciona a Colombia en el quinto lugar de América Latina con los salarios mínimos más altos, según análisis disponibles. Esto incluye cargas como primas por 166.600 pesos, cesantías por 166.600 pesos, intereses sobre cesantías de 20.000 pesos mensuales, vacaciones por 73.012 pesos mensuales, aportes a salud del 8,5 por ciento equivalentes a 148.826,93 pesos, pensión del 12 por ciento por 210.108,60 pesos y riesgos laborales nivel 1 por 9.139,72 pesos. Expertos como Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, advierten sobre un posible crecimiento del empleo parcial, migración laboral, caída en cotizantes a seguridad social y un aumento en la informalidad, que actualmente afecta a 6 de cada 10 colombianos y podría llegar a 8 de cada 10.
Consecuencias en la economía y el empleo
El Gobierno de Gustavo Petro decretó este incremento ante la falta de consenso entre empresarios y centrales obreras, lo que ha puesto el acto administrativo bajo revisión judicial por su impacto en el empleo, la estabilidad económica y la informalidad. Un análisis de La República detalla los costos empresariales por cargas prestacionales y parafiscales, mientras Saida Quintero Martínez, socia de Quintero y Quintero Asesores, aclara que no hay diferencias en el cálculo de prestaciones entre contratos fijos e indefinidos. Además, el aumento impactará hasta en un 23 por ciento los arriendos, matrículas educativas y transporte público, agravando la presión sobre los hogares y las pequeñas empresas.
“PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA. Demandamos ante el Consejo de Estado el acto administrativo con el que Petro se burla de los trabajadores (sic)”
Josías Fiesco, politólogo y aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático
“Gustavo Petro sigue burlándose en la cara de los trabajadores colombianos”
Josías Fiesco, politólogo
Esta demanda inicia un proceso clave en el Consejo de Estado que podría redefinir el panorama laboral para 2026, en medio de preocupaciones por el equilibrio entre protección al trabajador y sostenibilidad económica en un país con altos niveles de informalidad.
