En la madrugada del 22 de diciembre de 2025, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada Artunduaga, fue víctima de un intento de asalto armado en el barrio Quinta Mutis, al norte de Bogotá. Delincuentes interceptaron su vehículo blindado utilizando dos camionetas que embistieron el carro, tras lo cual descendieron entre ocho y diez hombres armados que intentaron abrir las puertas por la fuerza, amenazando directamente al magistrado con armas apuntadas al pecho. Gracias a una maniobra evasiva del conductor, el ataque no prosperó contra él, aunque su acompañante no identificado fue interceptado poco después, encañonado y despojado de sus pertenencias, incluyendo una memoria externa que contenía información reservada del CNE.
El incidente ocurrió en un sector no habitual para robos de vehículos, lo que resalta el despliegue inusual de los atacantes y genera sospechas sobre las motivaciones del hecho. Cámaras de seguridad capturaron el momento del ataque, proporcionando evidencia clave para la investigación que ya avanza a cargo de la Sijín y la Alcaldía de Bogotá, con análisis de material audiovisual y testimonios de testigos. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía, mientras que el magistrado expresó en su cuenta de X solidaridad con su acompañante, destacando la gravedad del suceso.
Antecedentes y reacción institucional
Días antes del asalto, el magistrado había denunciado presuntos monitoreos con drones en su residencia fuera de Bogotá, lo que añade un contexto de posible vigilancia previa. El CNE calificó el ataque como una amenaza directa a las instituciones democráticas, solicitando urgentemente el esclarecimiento de los hechos y el refuerzo de medidas de seguridad para sus miembros, en medio de la preocupación por el robo de la memoria externa con datos sensibles.
Este suceso pone en alerta a las autoridades electorales y de seguridad, recordando la vulnerabilidad de funcionarios clave en un contexto de tensiones políticas, y subraya la necesidad de acciones inmediatas para proteger la integridad de quienes velan por los procesos democráticos en Colombia.
