El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Efraín Quesada fue atacado a tiros la mañana del jueves 6 de agosto de 2026, cuando se dirigía a cumplir su turno en la cárcel de Palogordo, en el municipio de Girón, Santander. El atentado ocurrió aproximadamente a las 6:10 de la mañana sobre una vía destapada ubicada a unos 600 metros de la entrada principal del penal, en una zona que habitualmente es utilizada por los trabajadores del centro de reclusión para acceder a sus labores.
Según las primeras versiones de las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se aproximaron a Quesada y, sin mediar palabra, le dispararon en dos ocasiones. El funcionario, quien vestía su uniforme de camuflaje azul y un chaleco táctico, quedó gravemente herido sobre la calzada, mientras los sicarios emprendieron la huida en dirección a Piedecuesta. Quesada fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de Bucaramanga, donde permanece en observación médica; hasta el cierre de esta edición no se había emitido un parte médico oficial sobre su estado de salud.
Contexto de violencia contra guardianes del Inpec
Este ataque se suma a una preocupante ola de agresiones contra el personal penitenciario en Colombia, que ha sido denunciada de forma reiterada por los sindicatos del sector. Apenas dos semanas antes, el 24 de julio, el dragoneante Alexander Mejía Cuéllar fue asesinado en Cali en circunstancias similares, lo que encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de los guardianes, especialmente en las inmediaciones de los centros de reclusión. En el caso de Quesada, las autoridades del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional ya iniciaron la recolección de pruebas en la escena del atentado y analizan la ruta de fuga de los agresores, mientras manejan todas las hipótesis sobre el móvil del ataque, incluida la posibilidad de que esté relacionado con amenazas previas o hechos anteriores que el funcionario pudiera haber enfrentado.
La vía destapada donde ocurrió el atentado, a escasos 600 metros del penal de Palogordo, se ha convertido en un punto crítico de seguridad que exige medidas urgentes por parte de las autoridades. La comunidad penitenciaria espera que este nuevo hecho no quede en la impunidad y que se refuercen los protocolos de protección para quienes día a día cumplen con su deber en las cárceles del país.
