En un ataque armado perpetrado la noche del lunes 5 de enero de 2026, integrantes del frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques, disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, emboscaron una patrulla policial en la vía hacia el corregimiento de El Paujil, en Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá. El atentado dejó un saldo fatal de dos uniformados: el subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes Moreno, mientras que el intendente Jhorjan Fabián Márquez Souza y el subintendente John Ferney Suárez Taborda resultaron heridos en delicado estado.
Los policías realizaban labores de vigilancia y controles de rutina en esta zona de alta complejidad orden público, caracterizada por la presencia de organizaciones armadas ilegales y economías ilícitas vinculadas a las disidencias de las Farc. Los agresores sorprendieron a la patrulla desde puntos estratégicos con ráfagas de fusil y armas de largo alcance, en un claro acto de violencia contra las instituciones.
Rechazo unánime de las autoridades
El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó de manera contundente el atentado y hizo un llamado a respetar las instituciones democráticas. Asimismo, el general Eliecer Camacho, de la Policía Nacional, emitió pronunciamientos de repudio al hecho, que ha reavivado el debate sobre la seguridad y el control territorial en regiones aún afectadas por el conflicto armado. Los dos uniformados heridos fueron evacuados de inmediato a la clínica Medilaser en Florencia para recibir atención médica especializada.
“Hacemos un llamado a respetar las instituciones”
Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación
“Ojalá se lamentara o por lo menos mencionara y condenara el asesinato”
José Félix Lafaurie, dirigente gremial
Este suceso subraya la persistente amenaza de las disidencias en Caquetá y pone en evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en áreas rurales donde las economías ilícitas alimentan la violencia, dejando en luto a las familias de los caídos y exigiendo respuestas firmes del Estado para garantizar la protección de sus servidores públicos.
