La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) elevó una exigencia contundente al Gobierno nacional para que adopte medidas concretas de protección tras una ola de ataques sicariales contra dragoneantes del Inpec que, en apenas tres días, dejó un funcionario asesinado y dos más heridos. Los hechos ocurrieron el sábado 10 de octubre en Barranquilla, cuando Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, ambos del establecimiento penitenciario El Bosque, fueron atacados con arma de fuego al salir de turno; y el lunes 12 de octubre en Cúcuta, donde perdió la vida el dragoneante Bryan Rangel, quien prestaba sus servicios en un Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron). Los tres uniformados fueron sorprendidos por hombres armados en la vía pública, un patrón que enciende las alarmas sobre la seguridad del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
En un comunicado oficial, la UTP rechazó de manera categórica estos actos violentos y advirtió que constituyen una grave amenaza contra quienes ejercen la autoridad penitenciaria y cumplen una función esencial para la seguridad del Estado colombiano. El sindicato, que agrupa a los trabajadores del sistema carcelario, señaló que los ataques no son hechos aislados sino parte de un clima de intimidación que se ha intensificado en medio de los recientes traslados de personas privadas de la libertad. El Ministerio de Justicia, por su parte, reconoció en otro comunicado que los hechos se presentan en medio de la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con esos traslados, así como de nuevas alertas sobre posibles acciones violentas contra autoridades y funcionarios del sector penitenciario. La cartera indicó que la autenticidad, procedencia y alcance de esas amenazas, así como su eventual relación con el atentado, son materia de verificación.
Exigencias concretas y cuestionamientos al SEUP
La UTP no se limitó a condenar los ataques: exigió a la institucionalidad acciones reales y no apenas respaldo verbal. Entre sus peticiones están el desarrollo de evaluaciones de riesgo individualizadas, la aplicación de rutas de protección y un acompañamiento institucional permanente para los funcionarios. También solicitó una mayor presencia de la Policía Nacional en los perímetros de los establecimientos penitenciarios, en las vías de acceso y en las zonas de mayor riesgo. El sindicato reconoció el respaldo expresado por el presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia Iván Cancino y el director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, pero insistió en que se requieren medidas concretas que blinden la vida de quienes custodian a los reclusos.
«Estos hechos constituyen una grave amenaza contra la vida de quienes ejercen la autoridad penitenciaria y cumplen una función esencial para la seguridad del Estado colombiano»
Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), comunicado oficial
En un giro que añade tensión al panorama, la UTP también dirigió críticas hacia el sindicato SEUP, al que atribuyó actuaciones que consideró ajenas a la protección inmediata de los funcionarios. El comunicado cuestiona que, en medio de esta crisis de violencia, se promuevan reuniones privadas o propuestas sobre jornadas laborales cuya legalidad y viabilidad deben ser examinadas por las autoridades competentes. El sindicato pidió transparencia sobre esas propuestas y subrayó que la prioridad debe ser la seguridad de los dragoneantes, no discusiones que desvíen la atención de la emergencia. Mientras tanto, las autoridades continúan la verificación de las amenazas y se espera que el Gobierno responda con acciones que frenen la escalada de violencia que hoy golpea al sistema penitenciario colombiano.
