El informe del Atlantic Council ha lanzado una alerta urgente sobre los riesgos que enfrentará la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, programada para el 31 de mayo de 2026, destacando tres factores principales: la violencia política, la expansión de grupos armados ilegales y la proliferación de desinformación. Este análisis pone en el centro de la preocupación a figuras como los candidatos Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, así como a víctimas emblemáticas como el exsenador y precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado en junio de 2025, y Aida Quilcué, candidata a la vicepresidencia y secuestrada en febrero de 2026. Los incidentes reportados se han intensificado desde octubre de 2025 hasta enero de 2026, con ataques recientes desde el 24 de abril de 2026 en departamentos como Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia, Magdalena, Catatumbo, Cauca y Valle del Cauca, donde se han registrado amenazas, desplazamientos forzados y control territorial por parte de estos grupos.
La seguridad en el país ha empeorado notablemente tras las elecciones legislativas y primarias de marzo de 2026, que transcurrieron mayormente en paz según el Ministerio del Interior, la Misión de Observación Electoral (MOE) y observadores internacionales. Sin embargo, en las semanas previas a la contienda presidencial, la violencia política ha escalado con incidentes que incluyen amenazas y ataques contra líderes y actores políticos, pasando del 39% al 59% del total de eventos violentos. En 2025 se registraron 415 incidentes contra líderes sociales, de acuerdo con el Ministerio de Educación, mientras que la Defensoría del Pueblo reportó 457 amenazas de muerte en el período preelectoral. En Catatumbo, más de 100.000 personas han sido desplazadas, y desde el 24 de abril, los ataques en Cauca, Valle del Cauca y Nariño han dejado 21 civiles muertos y más de 56 heridos.
Expansión de grupos armados ilegales
Los grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC, el Estado Mayor Centralista de las FARC (EMBF), la Coordinadora Nacional de Guerrillas (CNEB) y el Clan del Golfo han incrementado su presencia en un 23,5%, superando los 27.000 integrantes, lo que les permite ejercer control territorial y generar polarización. A pesar de compromisos públicos de no interferencia electoral por parte del EMBF, CNEB y Clan del Golfo, las acciones violentas persisten, afectando no solo a candidatos y votantes, sino también la integridad misma del proceso electoral. Para contrarrestar esto, en marzo se desplegaron 246.000 efectivos de las fuerzas públicas para resguardar 13.000 centros de votación.
Desinformación como amenaza invisible
El tercer factor de riesgo identificado es la desinformación, que fomenta narrativas falsas y polarización en redes y medios, exacerbando las tensiones en un contexto de alta vulnerabilidad. El informe subraya cómo estos elementos combinados podrían comprometer la primera vuelta presidencial, en medio de una coyuntura donde las amenazas impactan directamente a la democracia colombiana.
Frente a este panorama, misiones de observación nacional e internacional se preparan para garantizar transparencia, mientras el Ministerio de Defensa y otras entidades monitorean la situación. El Atlantic Council, junto a fuentes como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y la MOE, urge medidas inmediatas para mitigar estos riesgos y proteger el ejercicio democrático en Colombia.
