La divulgación de audios y videos que evidenciarían presuntos contactos entre funcionarios del Gobierno Nacional y emisarios del Clan del Golfo ha desatado una ola de críticas contra la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Opositores, periodistas y mandatarios regionales han condenado lo que consideran un grave compromiso con la seguridad del país, luego de que Noticias Caracol publicara una investigación que revelaría acuerdos que incluyen la suspensión de bombardeos, modificaciones en la inteligencia estatal y la salida de altos mandos militares para beneficiar a esa organización criminal.
Las reacciones no se hicieron esperar. El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, utilizó su cuenta en X para afirmar que «así le entrega este gobierno a los criminales». El senador electo Andrés Forero calificó la investigación como «muy grave» y señaló que «desde el 2022 el gobierno de Gustavo Petro ató de manos a la fuerza pública y permitió el fortalecimiento del Clan del Golfo». Por su parte, el senador Germán Rodríguez advirtió que «le filtraban coordenadas de nuestros militares a los bandidos y pedían información sobre miembros de la Fuerza Pública que los combatían. Si esto se confirma, estamos ante uno de los hechos más graves contra la seguridad de Colombia en los últimos años».
Voces de alarma desde Antioquia y el Congreso
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, vinculó directamente el crecimiento de los grupos criminales en el departamento a la política de contemporización del Gobierno. Según datos aportados por el mandatario, el Clan del Golfo incrementó su presencia en Antioquia en cerca del 60%, mientras que las disidencias de las Farc crecieron aproximadamente un 70%. Rendón también citó cifras preocupantes: las rentas del narcotráfico en Colombia superarían los USD 16 mil millones anuales, y la minería ilegal generaría ingresos cercanos a USD 6 mil millones para las organizaciones criminales en Antioquia.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que «todo lo que denunciamos terminó siendo verdad» y pidió «investigaciones y órdenes de captura de manera inmediata». En la misma línea, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, sostuvo que «no desmontaron la guerra, desmontaron al Ejército para que el Clan del Golfo ganara».
«Petro es un traidor» y «permitir que desde la inteligencia de su gobierno se negociara la cabeza de 35 generales de las Fuerzas Militares solo para beneficiar al Clan del Golfo es traición a Colombia»
Daniel Briceño, representante a la Cámara
La periodista Vicky Dávila, excandidata presidencial, aseguró que el Gobierno «negoció con los bandidos la inteligencia de la Policía, los bombardeos y la cabeza de los generales más experimentados», y afirmó que se ordenó una «limpieza» dentro de las fuerzas armadas para dar «tranquilidad» a los narcotraficantes. La exsenadora María Fernanda Cabal mencionó el «Pacto de la Picota» como parte de las negociaciones con criminales y exigió que «Petro, Danilo Rueda y demás miembros del actual gobierno le deben responder a la justicia».
El representante a la Cámara Daniel Briceño fue contundente al calificar al presidente como «un traidor», mientras el concejal de Bogotá Julián Sastoque lo acusó de ser «cómplice del Clan del Golfo». La exfórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, señaló que la investigación «revela que el Gobierno concedió muchos beneficios al Clan del Golfo». El periodista Daniel Samper Ospina calificó el caso como «quizás el escándalo más grave del gobierno».
Las revelaciones se producen en el marco de la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro, que busca negociar con grupos armados ilegales. Sin embargo, las pruebas presentadas por Noticias Caracol han generado un fuerte cuestionamiento sobre los límites de esas negociaciones y si estas han comprometido la seguridad nacional en beneficio de organizaciones como el Clan del Golfo.
