La propuesta de aumento del salario mínimo en un 38,5% para 2027, impulsada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha encendido las alarmas entre expertos económicos, quienes advierten que esta medida podría llevar el déficit fiscal a niveles históricos y generar graves consecuencias para la economía colombiana. El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, señaló que un incremento de esta magnitud “puede generar muchas dificultades ante la grave situación fiscal que vive el país y al evidente momento de desaceleración en el crecimiento económico”. Según sus proyecciones, el déficit fiscal, estimado en 9,4% del PIB para 2027, podría dispararse a dos dígitos, cerca del 10%, añadiendo alrededor de 0,55 puntos porcentuales, equivalentes a unos 11 billones de pesos.
La negociación se desarrolla en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con la premisa de que el acuerdo debe lograrse antes del 15 de diciembre; de no ser así, el Gobierno tiene plazo hasta el 30 de diciembre para fijar el incremento por decreto, que regirá desde el 1 de enero de 2027. La propuesta, que aún debe ser revisada por el Comando Nacional Unitario (CNU) antes de la discusión formal, se da en un contexto de desaceleración económica, con una tasa de desempleo que pasó del 8,6% al 9,4% en agosto de 2026, según el Dane. Wilson Rodríguez, profesor de la Universidad de La Sabana, fue contundente al calificar la propuesta como poco realista: “no hay ninguna posibilidad real de nosotros pensar en un aumento de más de dos dígitos”, agregando que un alza del 38% “tendría efectos inflacionarios, repercusiones en el sector privado (competitividad, costos, etc.). No creo que la economía lo soportara”. Para el Estado, subrayó, sería “catastrófico” por el consecuente incremento en gastos de funcionamiento, especialmente en pensiones.
Las bases del cálculo y las críticas
La CUT justifica su petición sumando una presunta deuda del 32% que consideran se les adeuda a los trabajadores, más una inflación proyectada del 6,5%. Sin embargo, esta fórmula ha sido severamente cuestionada. El politólogo Marco Antonio Bustos señaló en su cuenta de X que equiparar la brecha frente al salario vital con una “deuda económica” es conceptualmente cuestionable y que “uno no sabe si Fabio Arias habla desde el desconocimiento económico o desde una profunda inmadurez conceptual”. Por su parte, Audrey Rodríguez, CEO de Grupo Lexacty SAS, advirtió que “el país no estaría ante una negociación salarial ordinaria, sino ante la antesala de una catástrofe económica de dimensiones históricas”, y que “para las MiPymes colombianas que representan el grueso del empleo esa carga es matemáticamente mortal”. Según sus cálculos, el salario mínimo pasaría de 1.750.905 a 2.425.003 pesos, un incremento superior a 674.000 pesos por trabajador.
“Mantener la discusión anclada entre el 8% y máximo el 10% no es tacañería empresarial; es la única barrera que hoy separa a Colombia de un colapso productivo irreversible”
Audrey Rodríguez, CEO de Grupo Lexacty SAS
Consecuencias para la inflación, el empleo y las empresas
Los efectos de un incremento desmedido alcanzarían múltiples frentes. Henry Amorocho estima que el impacto inflacionario adicional estaría entre 0,5% y 0,7%, lo que obligaría al Banco de la República a elevar su tasa de intervención, actualmente en 12,25%, en unos 25 a 50 puntos básicos. “Si se aumenta ese salario mínimo, se aumenta desde luego el déficit fiscal, lo que va a tener un impacto sobre la inflación”, explicó el académico, quien agregó que “lo que se va a presentar es un menor crecimiento de la economía y la posibilidad de un mayor desempleo”. En el ámbito empresarial, Pedro Sarmiento Pérez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, destacó que la carga salarial impacta de manera distinta según los sectores: “La misma decisión puede ser manejable para una oficina y mucho más exigente para un negocio que abre todos los domingos. Negociar exige conocer esa diferencia”. Estas declaraciones cobran especial relevancia ante la inminente entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, que desde el 1 de julio de 2027 eleva al 100% el recargo por trabajo en día de descanso obligatorio.
El análisis de Crowe Colombia también ofrece simulaciones sin incluir el auxilio de transporte: un aumento del 6,29% situaría el salario en 1.861.037 pesos; uno del 8%, en 1.890.977 pesos; y uno del 10%, en 1.925.996 pesos. Frente a la radical propuesta de la CUT, Henry Amorocho recomienda un incremento de entre 8,5% y 9,5%, que tendría en cuenta la inflación esperada del 7% y una productividad de entre 1,2% y 1,5%. En un contexto donde el anterior incremento del 23,7% para 2026 ya dejó problemas de liquidez en las empresas y presión inflacionaria, y con la advertencia de que un déficit de dos dígitos dificultaría las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, la responsabilidad de los actores en la mesa de concertación es mayúscula para evitar lo que varios analistas ya denominan como una posible crisis económica de dimensiones históricas.
“Tendríamos para el año 2027 un déficit fiscal de dos dígitos si este aumento se produjera”
Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto, Universidad del Rosario
