La reducción de la jornada laboral en Colombia, que desde el 15 de julio de 2026 bajará de 44 a 42 horas semanales, representará un incremento del 4,76% en el costo de la hora ordinaria de trabajo para las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Así lo advirtió María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi Nacional), quien señaló que el impacto financiero de esta medida se suma a otros incrementos laborales que afrontan las mipymes, como el alza del salario mínimo, la ampliación de la jornada nocturna desde las 7:00 p. m. y el aumento progresivo de los recargos por trabajo en domingos y festivos.
La Ley 2101 de 2021, que establece la disminución progresiva de la jornada laboral sin reducción salarial, obliga a las empresas a pagar el mismo salario y prestaciones sociales por un menor número de horas trabajadas. Esto encarece el valor de cada hora ordinaria y, según explicó Ospina, si las empresas optan por reemplazar las horas reducidas con trabajo extra diurno, el impacto podría acercarse al 6%. La situación es aún más crítica para jornadas nocturnas, dominicales o festivas, donde los recargos son mayores. La medida afecta a aproximadamente 10 millones de trabajadores formales en Colombia, con sectores como comercio, industria, turismo, salud, transporte y construcción entre los más expuestos.
Presión financiera sobre las mipymes
Ospina enfatizó que la reducción de la jornada no es un problema aislado, sino que se enmarca en una acumulación de mayores costos laborales que las mipymes deben asumir en un mismo periodo, especialmente cuando sus ingresos, ventas y productividad no crecen al mismo ritmo. “El problema no es una sola medida, sino la acumulación de mayores costos laborales en un mismo periodo, especialmente para empresas cuyos ingresos, ventas y productividad no están creciendo al mismo ritmo”, afirmó la presidenta de Acopi Nacional. La dirigente gremial aclaró que la asociación respalda las iniciativas que mejoran la calidad de vida de los trabajadores, pero advirtió que la implementación debe garantizar también la sostenibilidad de las empresas.
«Desde Acopi respaldamos todas las medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, trabajar dos horas menos no significa producir menos ni atender menos clientes. Por el contrario, implica reorganizar turnos, asumir mayores costos laborales o incluso contratar personal adicional para mantener su operación».
María Elena Ospina, presidenta de Acopi Nacional
Frente a este panorama, Ospina detalló que las mipymes ya están adoptando diversas estrategias para adaptarse, como la reorganización de turnos, la mejora de la productividad, la reducción de tiempos improductivos y la redistribución de jornadas. Sin embargo, en casos extremos, algunas empresas se ven obligadas a reducir horarios de atención, aplazar contrataciones, aumentar precios o incluso acudir a la informalidad. La presidenta de Acopi subrayó que el impacto no es uniforme: mientras algunas compañías podrán absorber el cambio sin alterar su operación, otras sufrirán una mayor presión financiera.
Llamado al Gobierno
Ante esta situación, Acopi solicitó al Gobierno nacional la implementación de programas de asistencia técnica, financiación, digitalización, formación del talento humano y fortalecimiento de la productividad. Ospina insistió en que la protección del empleo pasa por proteger a quienes lo generan, y que las políticas públicas deben equilibrar el bienestar laboral con la viabilidad de las empresas. “Compartimos el propósito de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero estas medidas deben implementarse garantizando también la sostenibilidad de las empresas. Proteger el empleo implica proteger a quienes lo generan”, concluyó.
