El gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, elevándolo a dos millones de pesos, una medida que busca proteger el poder adquisitivo de cerca de dos millones de trabajadores en Colombia, pero que generará un gasto fiscal adicional superior a los seis billones de pesos para el Estado, afectando principalmente pensiones, salud, subsidios y la nómina pública. La decisión, que entrará en vigencia desde enero de 2026, ha sido demandada ante el Consejo de Estado por el politólogo y candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Josías Fiesco, quien argumenta la falta de justificación técnica y económica en el decreto presidencial.
Según un análisis de la firma Crowe Co, liderado por el socio de auditoría Óscar Villarruel, este incremento provocará un efecto cascada en las escalas salariales indexadas al mínimo, impactando a entre 1,4 y 1,5 millones de empleados públicos, con un costo adicional en la nómina pública de 585 mil millones de pesos, calculado en base a unos 150 mil trabajadores en salario mínimo que recibirán 330 mil pesos más mensuales cada uno. En pensiones, el golpe asciende a 5,5 billones de pesos, ya que cada punto porcentual de aumento implica 240 mil millones de pesos anuales extras, y estas son gastos permanentes sin posibilidad de reversión, lo que reduce el margen fiscal futuro. Además, los aportes independientes a seguridad social subirán de 400 mil a 500 mil pesos mensuales, y por cada empleado público, el Estado enfrentará incrementos de 89 mil pesos mensuales, equivalentes a 1,07 millones anuales, considerando el 12% en pensiones y 8,5% en salud.
Presiones fiscales acumuladas y demanda en curso
El decreto, fundamentado en la protección del poder adquisitivo pese a una inflación proyectada que solo sumará 1,4 puntos porcentuales, ignora según los demandantes los requisitos de la Ley 278 de 1996, que exige análisis de inflación, productividad y PIB. El costo total mensual por un trabajador público en mínimo ronda los tres millones de pesos, incluyendo salario, auxilio de transporte, prestaciones y aportes, mientras que Colpensiones se verá automáticamente afectado por las pensiones mínimas indexadas. En un contexto de 57% de informalidad laboral y 2,4 millones de trabajadores en salario mínimo, además de 25 millones de afiliados subsidiados en salud, la medida genera presiones mensuales sin financiación segura, activando por tres años la cláusula de escape en la regla fiscal.
«El problema es que no se trata de un grupo aislado. Cuando sube el mínimo, también se ajustan otras escalas salariales que están indexadas y ahí se genera un efecto cascada en toda la estructura de pagos del Estado».
Óscar Villarruel, socio de auditoría de Crowe Co
Villarruel enfatiza que no se trata de gastos puntuales, sino de presiones mensuales acumulativas que el Estado no puede postergar, y advierte que las pensiones, una vez subidas, limitarán la maniobra fiscal en los años venideros. Por su parte, Christian Quiñonez, ex subdirector operativo de la Dian y socio de Clevertax Assessment, explica que una sentencia del Consejo de Estado tumbaría el decreto por ausencia de sustento técnico, aunque urge rapidez para evitar que pierda vigencia si se demora hasta después de 2026.
«Lo que hace una sentencia es tumbar el decreto, diciendo que no había justificación técnica para un aumento de esa cantidad».
Christian Quiñonez, ex subdirector operativo de la Dian y socio de Clevertax Assessment
La demanda de Fiesco se encuentra en deliberación ante el Consejo de Estado, con el decreto vigente por ahora, basado en el análisis de Crowe Co y respaldado por expertos que cuestionan su viabilidad en un panorama de alta informalidad y cargas fiscales crecientes.
