Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) recaudan entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales mediante extorsiones, narcotráfico y otros delitos conexos en la región Caribe, según un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). La organización, cuyo cabecilla es Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, ha tejido un sistema de control territorial que afecta a comerciantes, transportadores y empresas turísticas en zonas estratégicas de Magdalena, La Guajira y el sur del Cesar, con énfasis en Santa Marta. El estudio, citado por El Tiempo, revela que entre el 90% y el 95% de las empresas del sector turístico en las áreas bajo su influencia pagan cuotas obligatorias, mientras que solo en la plaza de mercado de Santa Marta las extorsiones ascienden a cerca de 10.000 millones de pesos al año.
La ACSN surgió tras la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reorganizándose entre 2018 y 2020 para suplir la ausencia institucional del Estado en zonas rurales y urbanas. Según Gerson Arias, politólogo de la Universidad Nacional e investigador asociado de la FIP, “la estructura heredó y optimizó redes ilegales asociadas al narcotráfico, pero diversificó su control hacia la economía formal e informal”. La organización ha establecido una verdadera “gobernanza criminal”, operando como una cámara de comercio paralela que regula desde la apertura de nuevos negocios hasta el seguimiento de la actividad económica diaria.
El sistema de cobro y la red de “serenos”
El modus operandi de la ACSN se basa en un control territorial minucioso, ejecutado mediante cobros sistemáticos que van desde decenas de miles de pesos hasta varios millones mensuales, según el tamaño del negocio. La estructura emplea una red de vigilancia comunitaria llamada “serenos”, quienes tienen la tarea de identificar negocios, verificar pagos y ejecutar los cobros. Este sistema afecta desde trabajadores agrícolas, que deben entregar parte de su salario, hasta grandes empresarios turísticos. Los salarios de los miembros rasos de la organización oscilan entre 1 y 3 millones de pesos mensuales, mientras que los mandos perciben ingresos mayores, lo que refleja la solidez financiera de la estructura ilegal.
“Parte de la población termina recurriendo al grupo armado para resolver conflictos o problemas de seguridad, dado el bajo nivel de presencia institucional”
Gerson Arias, politólogo de la Universidad Nacional e investigador asociado de la FIP, en diálogo con El Tiempo
El informe de la FIP cobra especial relevancia en el contexto actual, pues el presidente electo Abelardo de la Espriella ha anunciado que la captura o neutralización de alias “Bendito Menor” es una prioridad para el nuevo ministro de Defensa, Jorge Mora. Para los expertos, el principal reto de las autoridades es debilitar las finanzas de esta organización, que ha logrado diversificar sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico, infiltrándose en la economía formal e informal. Mientras tanto, miles de comerciantes y transportadores en el Caribe colombiano continúan atrapados entre el miedo a las represalias y la necesidad de operar sus negocios bajo el yugo de esta estructura criminal.
