Un grupo de auxiliares de enfermería de la IPS Clínica Integral San Jorge, en Cali, se encadenó a la entrada principal del centro asistencial, ubicado en el Club Noel, para protestar por el impago de seis meses de salarios. La medida de fuerza, registrada en septiembre de 2024, fue difundida a través de videos en redes sociales y contó con la presencia de la Personería de Cali. Las manifestantes, que prestan servicios de atención domiciliaria conocida como «home care», denuncian que desde abril no reciben sus honorarios, a pesar de que la EPS encargada de los recursos habría recibido cerca de 1.000 millones de pesos.
Las trabajadoras señalaron directamente a la gerente de la IPS como responsable de la situación. «Es muy injusto que desde el mes de abril hasta ahora, septiembre, a nosotros los auxiliares de enfermería de la Clínica Integral San Jorge no nos hayan resuelto ningún pago y la gerente todos los meses se inventa que ha pasado una cosa y la otra», afirmó una de las manifestantes, quien pidió no ser identificada, en declaraciones citadas por la revista Semana. La falta de pago ha impedido que las trabajadoras puedan trasladarse a realizar sus labores domiciliarias, y en al menos un caso ha agravado la situación personal de una auxiliar que aseguró estar a cargo de un hermano con necesidades médicas intensivas.
Una crisis sistémica en la salud colombiana
La protesta en Cali no es un hecho aislado, sino una expresión más de la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia, que afecta tanto a pacientes como a trabajadores. La Defensoría del Pueblo emitió un informe en el que advierte sobre un «alarmante aumento del 75,7% en las quejas» durante los últimos dos años, con un énfasis particular en los retrasos en la entrega de medicamentos y la falta de atención especializada. Según el informe, las quejas por demoras en la entrega de medicamentos pasaron de 2.123 en 2022 a 5.284 en 2024, mientras que las relacionadas con la falta de atención especializada fueron 4.232 en 2022 y 3.349 en 2024, una disminución que, en el contexto general, no refleja una mejora real sino un deterioro profundo del servicio.
«La situación es especialmente crítica en regiones como el sur de Bolívar, sur de Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño, donde las Defensorías regionales han reportado múltiples deficiencias»
Defensoría del Pueblo
La emergencia también golpea la infraestructura hospitalaria de Cali. La Secretaría de Salud informó que el presupuesto para reconstruir los centros asistenciales afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto superaría los 450.000 millones de pesos, y que cerca de 600 camas permanecen fuera de servicio en la ciudad. Mientras las auxiliares de enfermería mantenían su protesta encadenadas, los pacientes que se encontraban en la clínica solicitaban atención inmediata, en una escena que resume la fragilidad de un sistema en el que no solo faltan recursos, sino también garantías laborales para quienes atienden la salud de los ciudadanos. Hasta el cierre de esta edición, no se había recibido ningún pronunciamiento oficial por parte de la IPS ni de la EPS involucrada.
