La junta directiva del Banco de la República decidió elevar la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos hasta el 10,25 por ciento, en una votación donde cuatro miembros apoyaron el alza, dos optaron por una reducción de 50 puntos básicos y uno prefirió mantenerla sin cambios. Esta medida, anunciada recientemente en Colombia, fue calificada por el gerente general, Leonardo Villar, como “dolorosa pero necesaria” para restaurar la credibilidad en el control de la inflación, ante el alza en las expectativas inflacionarias y el deterioro en la confianza sobre el manejo de los precios.
Las expectativas de inflación alcanzaron el 6,7 por ciento en enero, un salto desde el 4,6 por ciento de diciembre, lo que representa un incremento de 210 puntos básicos en un mes y de 340 puntos básicos en comparación con enero de 2025. Factores como un aumento del diez por ciento en las importaciones en dólares durante 2025, un déficit fiscal del 3,2 por ciento del PIB frente al estimado del 0,3 por ciento, el incremento del 23,2 por ciento en el salario mínimo —que equivale a un 4,5 por ciento más por hora trabajada— y la reducción de la jornada laboral han impulsado una demanda interna que supera la capacidad productiva del país, presionando los precios al alza.
Razones y contexto de la decisión
La sorpresa en los mercados reconfiguró las expectativas sobre la inflación en medio de riesgos fiscales elevados y reformas estructurales como la pensional, cuya sentencia de exequibilidad obliga al Banco de la República a asumir un rol activo, solicitando tres meses adicionales para su alistamiento. Políticas restrictivas similares en Chile, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Perú han logrado una convergencia inflacionaria exitosa, sirviendo de referencia. Además, la apreciación del peso frente al dólar ha contenido algo la inflación importada, aunque perjudica a los exportadores.
“Los datos respaldan una decisión fuerte y dolorosa, pero necesaria dadas las circunstancias”.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República
En sus declaraciones, Villar enfatizó que “la esperanza es que las expectativas de inflación vuelvan a ajustarse a la baja ante la perspectiva de que el Banco de la República va a adelantar una política encaminada a facilitar un proceso de convergencia de esa inflación hacia la meta en 2027”. Alertó también sobre el déficit fiscal: “Un déficit fiscal alto solo se puede financiar con deuda. Al final, el Gobierno tiene que destinar una porción muy grande de ingresos para pagar la deuda y se ve forzado a reducir el gasto, incluso en los rubros más loables y necesarios”.
Impacto en la economía colombiana
Alrededor de dos millones de personas perciben el salario mínimo, por lo que esta política restrictiva afectará proyecciones económicas generales, elevará el costo de la deuda, comprometerá la sostenibilidad financiera y limitará el gasto social. La decisión exige una mayor disciplina fiscal y busca estabilizar la economía en un entorno de incertidumbre, con miras a una convergencia inflacionaria a mediano plazo.
