En la sesión de la Junta Directiva del Banco de la República celebrada el 31 de octubre de 2025, la discusión sobre un posible aumento del salario mínimo para 2026 enfrentó una traba importante: la entidad decidió mantener la tasa de interés en 9,25%, mientras persisten las dudas sobre la magnitud del incremento salarial que podría aplicarse en el año próximo. La votación reflejó un freno a cambios de política, con cuatro votos a favor de sostener la medida y tres propuestas de recortes de distinta magnitud, lo que evidencia las tensiones entre las preocupaciones por la inflación y las aspiraciones de estímulo al ingreso de los trabajadores. En ese momento, la economía también enfrentaba una inflación persistente, con un 5,18% anual registrado en septiembre de 2025, según Dane, lo que agrava el debate sobre si un mayor salario mínimo podría alimentar más precios y complicar la recuperación de la productividad. Más de tres millones de trabajadores ya reciben salario mínimo al mes, un antecedente significativo que añade presión social y política a la conversación sobre el salario mínimo para 2026.
Entre los asistentes a la rueda de prensa y la discusión se encontraban el viceministro de Hacienda, Carlos Emilio Betancourt; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el presidente y otros directivos del Banco, encabezados por Leonardo Villar, gerente general, y Mauricio Villamizar, codirector de la entidad. Betancourt presentó conceptos centrales de la postura gubernamental, al afirmar que existe “una política consistente de este Gobierno” y que “hay espacio para ofrecer un mayor estímulo al crecimiento mediante tasas de interés más bajas”, al tiempo que subrayó que “cualquier medida que tenga que ver con el salario mínimo, que sí es un precio fundamental de la economía, indiscutiblemente es una medida distributiva”. Por su parte, Villar explicó que la autoridad monetaria «no dispone de cálculos que permitan advertir un aumento específico del salario mínimo capaz de generar problemas en la economía» y añadió que la discusión se centra en la magnitud del ajuste por encima de la inflación pasada para recuperar la pérdida de poder adquisitivo y las ganancias de productividad que pertenecen a los trabajadores, a la vez que admitió que existen retos para cumplir la meta de inflación que deben ser compatibles con los beneficios que se derivan de un ajuste responsable. En esa línea, el banco enfatizó que la conversación no se da aislada, sino en un contexto de proyecciones de inflación para 2026 que, según análisis de Anif y Corficolombiana, podrían ubicarse en torno al 4,25%, y en un mercado de deuda que mantiene expectativas inflacionarias superiores al 3% para bonos a 1, 5 y 10 años.
El cruce entre salario mínimo y política monetaria: la incógnita de 2026
La decisión de mantener la tasa en 9,25% se da en medio de un marco de tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República sobre la magnitud y el impacto del salario mínimo en la inflación. El Gobierno propone subir el salario mínimo por encima de la inflación y la productividad, mientras Betancourt sostiene que hay espacio para un estímulo adicional mediante condiciones macroeconómicas adecuadas. El debate se acompaña de la preocupación de que un alza pronunciada del salario mínimo podría traducirse en mayores costos para las empresas y, de forma indirecta, en más presión inflacionaria, a pesar de que el salario mínimo representa un precio fundamental en la economía y, por ende, una medida distributiva que debe evaluarse con cautela. Las proyecciones para 2026, que sitúan la inflación por encima de la meta, mantienen abierta la posibilidad de movimientos en la trayectoria de tasas si la trayectoria inflacionaria se deteriora, mientras el Gobierno y el Banco buscan un punto de equilibrio que permita recuperar poder adquisitivo sin desbordar los precios. Este marco de discusión se observa en un entorno donde la tasa de interés se mantiene en 9,25% y las señales de comportamiento de la inflación, la productividad y la estabilidad financiera siguen en revisión para los próximos meses.
«una política consistente de este Gobierno» – Carlos Emilio Betancourt, viceministro de Hacienda; «hay espacio para ofrecer un mayor estímulo al crecimiento mediante tasas de interés más bajas» – Carlos Emilio Betancourt; «cualquier medida que tenga que ver con el salario mínimo, que sí es un precio fundamental de la economía, indiscutiblemente es una medida distributiva» – Carlos Emilio Betancourt; «no dispone de cálculos que permitan advertir un aumento específico del salario mínimo capaz de generar problemas en la economía.» – Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República; «Creo que nadie tiene dudas de los beneficios que puede tener un ajuste del salario mínimo, un ajuste que permita recuperar la pérdida del poder adquisitivo por inflación pasada y recuperar las ganancias de productividad que hay en la economía, que pertenecen a los trabajadores. Lo que hay en discusión es la magnitud del aumento que pueda haber por encima de eso» – Leonardo Villar; «Es algo que también implica unos retos importantes, principalmente, para la consecución de la meta de inflación y, por lo tanto, esos retos que se generan y los beneficios que se generan por el otro lado, pues deben compatibilizarse y buscarse puntos de equilibrio que permitan resultados satisfactorios para el conjunto de la sociedad» – Leonardo Villar.
Este escenario plantea una lectura clara: la economía colombiana atraviesa una fase en la que la distribución del ingreso, la inflación y la estabilidad de las cuentas públicas se entrelazan con la política monetaria. Con más de tres millones de trabajadores que ganan el salario mínimo, el resultado de estas discusiones podría traducirse en movimientos de corto plazo en los precios y, a mediano plazo, en la fuerza de la demanda interna. El Banco de la República y el Gobierno mantienen posiciones que buscan avanzar en crecimiento sin perder de vista la meta inflacionaria y la credibilidad de la política monetaria, mientras el debate sobre el salario mínimo para 2026 continúa presente en la agenda económica del país.
