El Banco de la República sorprendió a los mercados al elevar su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, llevándola hasta el 12,25%, en una decisión que su gerente, Leonardo Villar, atribuyó directamente al incremento del salario mínimo del 23% y al déficit fiscal heredado del gobierno de Gustavo Petro. El anuncio se produjo tras la primera votación de política monetaria en la que participó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien asumió el cargo en agosto de 2026, y tuvo lugar en el marco de la Convención de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda.
Villar explicó que el aumento, de dimensiones normales para un endurecimiento monetario, responde a una inflación que sigue elevada y, según los últimos datos, en aumento. En agosto, la inflación total alcanzó el 6,24% anual, muy lejos de la meta del 3%. Los precios de los alimentos se ubicaron en 6,1%, los regulados en 6,8% y los servicios en 7,2%. Incluso la inflación sin alimentos ni regulados, el núcleo más relevante para el banco central, se situó en 6,1%, su nivel más alto en el último año. El gerente fue contundente al señalar que, aunque hay factores internacionales poco manejables, la causa principal es interna: «Surge de unas condiciones generadas en parte por factores internacionales poco manejables, pero en parte mucho más importante por decisiones que se tomaron en el país como el aumento tan fuerte, desproporcionado del salario mínimo y ante todo el desajuste fiscal gigantesco que estamos viendo».
El peso del salario mínimo y el déficit fiscal
El incremento salarial del 23% fue decretado por el gobierno de Gustavo Petro para 2026, una medida que Villar calificó de «desproporcionada» y que, junto al déficit fiscal «gigantesco» heredado de la anterior administración, ha generado una presión inflacionaria significativa. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, secundó este diagnóstico al afirmar que «buena parte del problema inflacionario es un exceso de gasto, no solo del consumo privado, sino también del consumo público». Gómez también subrayó el impacto social de la inflación: «La inflación es un impuesto que castiga particularmente a las personas más pobres. Quienes tienen altos ingresos pueden asimilarla, pero aquellos de menores recursos sufren de manera directa las consecuencias del aumento de los precios».
La economía colombiana mostró señales divergentes en el segundo trimestre de 2026, con un crecimiento del PIB del 3,4% anual en cifras desestacionalizadas, aunque el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de julio apenas alcanzó el 1,1% anual. Factores externos como el fenómeno de El Niño, el encarecimiento del petróleo y un reciente terremoto en una región estratégica para la logística y la agricultura también incidieron en los precios, especialmente en alimentos y tarifas reguladas.
«Esos 25 puntos básicos son un aumento de dimensiones normales para lo que suelen hacer los bancos centrales en un endurecimiento de la política monetaria. Esta decisión surge, ante todo, del hecho de que nos mantenemos con una inflación muy alejada de la meta y de que las últimas cifras indican que sigue aumentando».
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República
De cara al futuro, el Banco de la República proyecta una reducción gradual de la inflación durante 2027, con una convergencia al 3% que no se alcanzaría hasta 2028. Villar reconoció que el ajuste de las cuentas públicas es complejo, pero valoró positivamente los avances en esa dirección, pues consideró que preservar el poder adquisitivo y reducir el costo social de la inflación son prioridades. La política de austeridad fiscal impulsada por el nuevo gobierno se perfila así como una herramienta clave para aliviar la presión sobre los precios, en un escenario donde cada punto de la tasa de interés busca contener un fenómeno que, como recordó el ministro Gómez, golpea con más fuerza a los hogares de menores ingresos.
