Bancolombia propuso un referente técnico de 8,4% para el incremento del salario mínimo de 2027, calculado como la suma de la inflación prevista en 6,7% y el avance de la productividad estimado en 1,7%. La directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de la entidad, Laura Clavijo, presentó esta estimación en el informe Radar Bancolombia publicado en octubre de 2026, justo cuando la mesa de concertación salarial se instalará el próximo 18 de noviembre y el plazo para alcanzar un acuerdo vence el 15 de diciembre de 2026. El objetivo, según explicó Clavijo, es preservar el poder adquisitivo de los colombianos y equilibrar los costos laborales, la generación de empleo formal y las presiones fiscales.
La discusión ocurre en un contexto de inflación elevada: el índice anual a septiembre de 2026 se ubicó en 6,29%, la cifra más alta desde julio de 2024 y más del doble de la meta del 3% que persigue el Banco de la República. En particular, la inflación de servicios alcanzó 7,2% anual en el mismo mes. Frente a este panorama, el cálculo técnico de Bancolombia combina una inflación esperada de 6,7% con un crecimiento de la productividad calculado en 1,7% según la metodología de Productividad Total de los Factores del Dane, mientras que el crecimiento de la productividad por trabajador, medido como valor agregado real por persona ocupada, se mantiene estable en 0,1% frente a 2025. La entidad advierte que un ajuste por encima del 8,4% elevaría las presiones sobre los precios, limitaría la creación de empleo formal y aumentaría los costos fiscales.
Impactos y riesgos de un aumento superior
El informe detalla que cada punto porcentual que supere el parámetro técnico añadiría cerca de 0,15 puntos porcentuales a la inflación. Como referencia, el aumento de 23% decretado para 2026 habría contribuido con aproximadamente 2,5 puntos porcentuales a la inflación de ese año. De cara a 2027, si el incremento fuese del 10%, el impacto inflacionario se ubicaría entre 0,2 y 0,5 puntos porcentuales; mientras que un aumento del 12% generaría entre 0,5 y 0,8 puntos porcentuales adicionales. Además, cada punto porcentual que exceda la productividad reduciría en magnitud similar el ritmo de creación de empleo formal, en un país donde la informalidad laboral ronda el 55% en los últimos cuatro años y la mitad de los salarios que pagan las empresas toma como referencia el salario mínimo, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Las actividades más expuestas son las intensivas en mano de obra, como comidas fuera del hogar, servicio doméstico y servicios de cuidado personal. Desde el punto de vista fiscal, cada punto porcentual de aumento del salario mínimo representa un 0,04% del PIB.
«Nuestras estimaciones sugieren que un incremento responsable (inflación + productividad) del salario mínimo podría acercarse al 8,4%, lo que contribuiría a preservar el poder adquisitivo de los colombianos, aumentaría los incentivos para la contratación laboral formal y podría atenuar las presiones fiscales de cara al ajuste necesario para 2027»
Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia
El informe también recuerda que la brecha promedio entre el ajuste teórico (inflación más productividad) y el aumento efectivo en los últimos 20 años fue de 2,9 puntos porcentuales, aunque para 2026 esa diferencia se disparó a 17,1 puntos porcentuales debido al incremento del 23%. Las remuneraciones de los asalariados representan actualmente el 34,4% del PIB. El Dane divulgará a finales de noviembre el dato de productividad acumulado del año, insumo clave para las negociaciones que deberán concluir antes del 15 de diciembre. Mientras tanto, la propuesta técnica de Bancolombia se presenta como un punto de partida para un debate que busca evitar presiones inflacionarias adicionales y proteger el mercado laboral formal. Las centrales obreras y los gremios empresariales inician las conversaciones con la expectativa de alcanzar un consenso que equilibre la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas y las finanzas públicas.
