El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, presentó una queja disciplinaria formal ante la Procuraduría General de la Nación en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por presuntamente exceder sus funciones y vulnerar la reserva legal al solicitar información confidencial sobre operativos policiales contra la minería ilegal. Esta acción, que incluye una petición de suspensión provisional de la legisladora, surge de la entrega de detalles sensibles como coordenadas GPS, fuentes de inteligencia y nombres de uniformados involucrados en intervenciones realizadas en Yalí, San Roque, Amalfi, Anorí, Buriticá y Caucasia, en Antioquia, así como en Marmato, en Caldas, siete municipios en total afectados por estas operaciones en zonas de alto riesgo.
De Bedout argumenta que la solicitud de Zuleta pone en peligro la seguridad de la fuerza pública y las comunidades en áreas controladas por grupos criminales como el Clan del Golfo y el ELN, comprometiendo así el éxito de las acciones contra la minería ilegal vinculada a estas estructuras y disidencias de las Farc, según detalla una investigación de la revista Semana que originó la controversia. Oficiales de la Policía han expresado su preocupación por posibles filtraciones derivadas de estas peticiones, lo que ha impulsado la demanda de una suspensión provisional para prevenir mayores riesgos mientras se esclarecen los hechos.
Declaraciones cruzadas en medio de la tensión
En su denuncia, De Bedout enfatizó la gravedad del asunto al afirmar que la entrega de estos datos no solo amenaza las operaciones en curso, sino que expone directamente a los agentes en regiones dominadas por el crimen organizado. La senadora Zuleta, por su parte, ha defendido su posición denunciando presiones, corrupción en la minería del Nordeste antioqueño y extorsiones por parte de las fuerzas de seguridad a mineros locales, al punto de solicitar una reunión urgente con entidades gubernamentales para avanzar en la formalización minera. Además, citó el asesinato del líder minero Jaime Gallego Mongo, ocurrido tras denunciar tales extorsiones, y se presenta como garante de la ‘Mesa por la Vida’ en la región.
«La solicitud de estos datos no solo pone en peligro las operaciones, sino que también compromete la seguridad de los agentes que participaban en zonas de alto riesgo, controladas por grupos criminales como el Clan del Golfo y el ELN».
Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín
«La solicitud de información que hizo la senadora violenta la reserva legal y pone en peligro tanto a los uniformados como a la comunidad en general. Es fundamental que la Procuraduría actúe con rapidez y evalúe la posibilidad de suspenderla provisionalmente hasta que se esclarezcan los hechos».
Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín
Zuleta ha replicado con fuertes acusaciones, sosteniendo que dichas operaciones solo benefician al Clan del Golfo, señalando hay mucha corrupción en las fuerzas de seguridad, y advirtiendo que si algo le sucede, la responsabilidad recaerá en la Policía, la Gobernación de Antioquia, Fico y Carrasquilla. Este enfrentamiento disciplinario, radicado tras la publicación de Semana, subraya las tensiones entre el control de la minería ilegal y las demandas de transparencia en un contexto de violencia y criminalidad en el occidente colombiano.
