El ministro del Interior, Armando Benedetti, derogó el Decreto 301 de 2017 mediante el Decreto 0020 emitido el 15 de enero de 2026, una medida que elimina la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y genera fuertes críticas de sindicatos como Sintrasepaz y del Observatorio de Paz, PazEs, por su impacto en las garantías de seguridad para excombatientes de las Farc, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Esta reestructuración busca ampliar la planta de personal de la UNP y optimizar su gestión en medio del contexto de alta demanda de protección por las elecciones presidenciales y al Congreso de 2026.
La decisión, que también involucra el Decreto 019 de 2026, afecta directamente a grupos con riesgos extraordinarios o extremos protegidos por el Decreto 299 de 2017, y se toma sin consulta previa a la Alta Parte Contratante ni al partido Comunes, responsables de la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016. El Ministerio del Interior argumenta que la medida garantiza la sostenibilidad financiera de la entidad y optimiza el uso de los recursos públicos, proyectando la creación de 6.870 nuevos empleos en la UNP, de los cuales más del 10% serán para jóvenes entre 18 y 28 años, incluyendo 22 cargos directivos y asesores, 6.000 puestos para personal de protección o escoltas, y 848 empleos administrativos, con un costo total superior a los 740.000 millones de pesos y un ahorro anual promedio de 120.000 millones, equivalente al 13% del gasto de 2025.
Reacciones y preocupaciones por la implementación de la paz
Sintrasepaz, el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz, recibió los decretos 019 y 020 con sorpresa, ya que ponen en riesgo la seguridad de la población firmante del acuerdo, aunque reconoce que dignifica el empleo en la UNP. El decreto derogado en 2017 regulaba específicamente la Subdirección para la protección de excombatientes de las Farc y otros actores clave, y ahora se menciona que no tuvo en cuenta el espíritu del artículo 88 del Acuerdo Sindical establecido en la Resolución 1498 de 2024.
«Un grave precedente para la implementación de la paz».
Sintrasepaz
PazEs, por su parte, invita a generar un diálogo transparente con la población afectada directamente por estas decisiones, recordando que las medidas de implementación del Acuerdo Final no pueden desmantelarse sin una alternativa equivalente o superior. Un análisis de El Colombiano destaca que la reestructuración fortalece la toma de decisiones estratégicas en la UNP, en un momento en que Colombia enfrenta crecientes necesidades de seguridad.
«Esta medida busca garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad y optimizar el uso de los recursos públicos».
Ministerio del Interior
«Recordamos a Armando Benedetti que las medidas de implementación del Acuerdo Final no pueden ser desmanteladas sin una alternativa equivalente o superior. Invitamos a generar un diálogo transparente con la población afectada directamente por sus decisiones».
PazEs
La controversia pone en el centro del debate el equilibrio entre la eficiencia administrativa y el cumplimiento de los compromisos de paz, mientras la UNP se prepara para un año electoral cargado de tensiones, donde la protección de vulnerables cobra aún mayor relevancia en el panorama nacional.
