El ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó los decretos 0019 y 0020 de 2026, expedidos en enero de ese año tras comunicaciones del Dapre en 2025, con los que se amplía la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) hasta alcanzar los 6.870 empleos y se reestructura internamente la entidad para fortalecer su capacidad operativa. Esta medida, respaldada por conceptos favorables de la Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Dapre, busca modernizar la UNP y responder mejor a los desafíos de protección para personas con riesgos extraordinarios derivados de funciones públicas o la defensa de derechos humanos, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo y el Acuerdo Final de Paz de 2016. Sin embargo, el sindicato Analtraseg, que representa a los empleados de la UNP, ha advertido sobre posibles despidos masivos como consecuencia de estos cambios.
Detalles de la reestructuración interna
El decreto 0019 establece la nueva estructura interna de la UNP, mientras que el decreto 0020 modifica la planta de personal al suprimir cargos como el de secretario general, subdirectores y jefe de la Oficina Asesora, y crea posiciones nuevas como subdirectores generales, directores administrativos y financieros, jefes de oficina, asesores y profesionales especializados. Esta reorganización surge de un análisis previo de las necesidades de la entidad e implica la incorporación de más de 6.000 nuevos puestos, con el objetivo de optimizar la coordinación y ejecución de medidas de protección en todo el país.
Contexto y preocupaciones sindicales
La UNP, encargada de salvaguardar a individuos expuestos a amenazas por su labor pública o activismo en derechos humanos, recibe así un impulso para alinearse con las prioridades nacionales de seguridad. En este escenario destaca el nombramiento de Nhora Mondragón como directora del Dapre, tras la salida de Angie Rodríguez, figura que mantiene una relación cercana con el ministro Benedetti. No obstante, Analtraseg ha expresado su preocupación por las repercusiones negativas que estos decretos podrían tener en los trabajadores actuales, alertando sobre el riesgo de despidos masivos en medio de la transición estructural.
