El ministro del Interior, Armando Benedetti, reabrió la controversia con la magistrada Cristina Lombana al atribuir la polémica a “una palabra mal dicha” que, afirma, desvió la atención de lo verdaderamente importante y encendió un debate público que no cierra.
En esta secuencia de hechos, el 11 de noviembre se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de Benedetti en Barranquilla como parte de una investigación de la Corte Suprema de Justicia; al día siguiente, 12 de noviembre, Benedetti publicó en X y concedió una entrevista en W Radio, para reiterar sus señalamientos y anunciar que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el eje del enfrentamiento figuran Benedetti, Cristina Lombana, Iván Cancino, Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia y la CEJ, todos convertidos en protagonistas de un choque que continúa alimentando el debate público en Colombia. Benedetti, quien ha desempeñado funciones como congresista durante 16 años, sostiene que Lombana ha filtrado información reservada a los medios y ha presionado a personas en Barranquilla para declarar en su contra, afirmaciones que han sido recibidas con respuestas institucionales diversas.
Reacciones y posiciones institucionales
La cadena de respuestas oficiales ha mostrado un pulso entre las altas esferas del Estado y la judiciaria. Gustavo Petro calificó el allanamiento como “el secuestro de una familia”, palabras que encendieron la discusión sobre la presión judicial y los límites de la independencia de los poderes. En el ámbito institucional, el Departamento Administrativo de la Presidencia emitió un mensaje de apoyo al ministro Benedetti y a su familia frente al presunto acoso judicial. El Ministerio de Justicia, por su parte, señaló que las actuaciones de ese martes podrían comprometer los derechos de Benedetti y pidió esclarecer plenamente los hechos denunciados, subrayando que todas las personas tienen derecho al debido proceso, a la presunción de la inocencia, a la imparcialidad de los jueces y al respeto por la dignidad humana. La CEJ respondió con contundencia, señalando que lo ocurrido constituye una grave vulneración a la independencia judicial y una afrenta a las instituciones, y llamando a mantener la altura, el respeto y la responsabilidad que exige el ejercicio de los cargos, además de expresar su respaldo a la Corte Suprema y a todos los jueces del país. Iván Cancino, abogado penalista, también figura entre los nombres relevantes en este episodio, que ha sido objeto de extensas voces de apoyo y crítica en el marco del debate.
«Este país es de muy pequeñas dimensiones, minúsculo. Por una palabra mal dicha, todo el mundo voltea a ver para otro lado olvidando lo que es importante» – Armando Benedetti, ministro del Interior
La respuesta institucional se enmarca en un contexto de antecedentes y lectura pública de la dinámica entre el poder judicial y el poder político. Se recuerda que la polémica no es nueva: tras las declaraciones de Lombana, se ha intensificado la discusión sobre filtraciones y posibles presiones, mientras que la defensa de Benedetti ha insistido en la necesidad de proteger su imagen frente a ataques y de acallar rumores mediante mecanismos internacionales cuando la vía interna se considera insuficiente. Este episodio ha puesto de relieve temas como la independencia de la Corte, el respeto institucional y la necesidad de desescalar el lenguaje para preservar la confianza pública en las instituciones. Con un historial de 16 años en la Cámara, Benedetti llega a este punto con una trayectoria que añade complejidad al debate y mantiene a la opinión pública atenta a cada giro de la historia. El caso, dicen analistas, podría mantener su curso ante la posibilidad de nuevas declaraciones, pruebas o medidas en los próximos días, mientras la Corte y el Gobierno buscan caminos para restablecer la convivencia institucional y la confianza en la imparcialidad del proceso judicial. En este marco, la cobertura de La Veintitrés Manizales seguirá de cerca el desarrollo de esta compleja historia que continúa en evolución y que, para muchos, ejemplifica las tensiones entre poder político y poder judicial en Colombia.
