La capacidad de respuesta de la Policía Metropolitana de Bogotá se ve significativamente limitada por un parque automotor que recoge 4.983 vehículos, de los cuales 1.178 están fuera de servicio, lo que representa el 24% del total y pone en jaque la cobertura ante la delincuencia y las bandas organizadas. Esta denuncia, presentada por la concejala Diana Diago, apunta directamente a la efectividad de las operaciones policiales y se apoya en la revisión de información oficial obtenida a través de un derecho de petición, sin que en el material se precise una fecha exacta de los datos.
La denuncia detalla que las dependencias con mayor impacto en la operatividad se concentran en la Estación Kennedy, en el Grupo Logístico y en el conjunto de áreas sensibles de la ciudad. En Ciudad Bolívar, la situación es especialmente crítica, con un 40% de la flota fuera de servicio. Las cifras específicas señalan que la Investigación Criminal cuenta con 121 vehículos inactivos, el Grupo Fuerza Disponible suma 64 y el Grupo Logístico 61; la Estación Kennedy mantiene 55 vehículos fuera de servicio. A ello se suman 30 motocicletas fuera de servicio estacionadas en el aparcamiento del Concejo de Bogotá desde al menos junio de 2025, según la denuncia de Diago, lo que agrava la percepción de una seguridad reducida y de menores capacidades de respuesta en momentos de creciente demanda.
La denuncia de Diana Diago y el contexto de la seguridad en Bogotá
La concejala enfatiza que los números reflejan no solo un inventario deteriorado, sino una problemática estructural que exige inversiones y una gestión más eficaz. Afirma que la seguridad de la ciudad necesita mínimos básicos y que esos mínimos deben asegurarse mediante presupuestos adecuados, no solo mediante acuerdos, sino con canales de inversión que lleguen a la Secretaría de Seguridad y a las alcaldías locales. En sus declaraciones a Infobae, Diago advierte que la infraestructura para la seguridad cada día va peor y que es imprescindible recuperar vehículos, cámaras y otros elementos esenciales para la labor policial. También subraya la necesidad de un seguimiento constante a las denuncias, incluso cuando provienen de la misma Policía, para garantizar la ejecución de los recursos y la resolución de problemáticas tan graves como estas.
“¿Cómo quiere el alcalde Carlos Fernando Galán que Bogotá camine segura cuando más de mil vehículos de la policía están fuera de servicio? Le exijo al alcalde y al secretario de Seguridad tomar cartas en el asunto para que nuestros héroes de la patria tengan todas las herramientas posibles para combatir la criminalidad” — Diana Diago, Concejala de Bogotá
En el marco de este tema, la conversación también remarca antecedentes de propuestas de seguridad, como la integración de cámaras privadas al centro de monitoreo C4, la consolidación de la red de comunicaciones de taxistas con la Policía y la introducción de drones para vigilancia, iniciativas que, según la Administración, no prosperaron, en particular la propuesta de drones. Por qué esto es noticia ahora: el informe exhibe un parque automotor fuertemente inactivo que afecta la cobertura y la capacidad de respuesta policial en zonas sensibles. El impacto práctico es la limitación de la vigilancia continua y la necesidad de un control presupuestal y fiscal más riguroso para garantizar que la infraestructura de seguridad y los recursos humanos lleguen a los lugares que más lo requieren. Todo esto se da en un contexto de vigilancia pública y de seguimiento político, con una mirada puesta en la efectividad de la inversión y la gestión de seguridad en la ciudad.
