El sistema de fotomultas en Bogotá se ha convertido en una fuente de ingresos que crece de manera exponencial, al punto de que entre 2020 y abril de 2026 la capital colombiana recaudó más de 552.000 millones de pesos. Las cifras, reveladas por el senador Antonio Correa y el representante Daniel Briceño, muestran un salto dramático: de 6.698 millones en 2020 a 282.053 millones en 2024, y solo entre enero y abril de 2026 ya se habían recaudado 57.000 millones. Este incremento ha encendido las alarmas sobre si las cámaras están realmente diseñadas para salvar vidas o para llenar las arcas distritales.
El 60 por ciento de las sanciones impuestas corresponden a vehículos que circulaban entre 56 y 60 kilómetros por hora, es decir, excesos de velocidad leves. Este dato, que surge de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha sido el punto central del debate, pues mientras el Distrito argumenta que se trata de una medida de prevención vial, los críticos señalan que las localidades donde más se multa son también las que registran los siniestros más graves, lo que pone en duda la efectividad del sistema como herramienta de seguridad.
El destino de los recursos bajo la lupa
Una de las mayores polémicas gira en torno al uso del dinero recaudado. Un derecho de petición presentado por la concejal Diana Diago reveló que, hasta marzo de 2026, la Secretaría de Movilidad había comprometido 151.850 millones de pesos de los recursos provenientes de multas. De ese total, 49.234 millones se destinaron al funcionamiento interno de la entidad, lo que representa el 32,43 por ciento del monto comprometido. Esta cifra incluye 23.787 millones para gestión jurídica, 18.371 millones en procesos contravencionales, 6.370 millones en mejoramiento de servicios y apenas 704 millones en infraestructura tecnológica. Para la concejal, este panorama evidencia que las cámaras se han convertido en una estrategia de recaudo más que en una herramienta de prevención.
«Si las fotomultas realmente estuvieran enfocadas en salvar vidas, las localidades donde más se sanciona deberían mostrar una reducción significativa en los accidentes. Sin embargo, encontramos que los mismos sectores donde más dinero recauda el Distrito son también los que más registran siniestros graves. Esto demuestra que las cámaras se han convertido en una estrategia de recaudo y no en una herramienta efectiva de prevención y seguridad vial».
Diana Diago, concejal de Bogotá
Reacciones en el Congreso y proyectos de ley
El malestar ciudadano y las críticas de los políticos han llevado a que se radiquen proyectos de ley en el Congreso para modificar el sistema. El senador Antonio Correa presentó una iniciativa que exige señalización visible, certificación de las cámaras y garantías de transparencia en su operación. Por su parte, el senador Gerson Vargas, conocido como Señor Biter, impulsa el proyecto de ley 142 de 2026, que busca sanciones proporcionales a la gravedad del exceso de velocidad, argumentando que no es justo que quien supera el límite por dos o tres kilómetros reciba la misma sanción que quien maneja a ochenta o noventa kilómetros por hora.
«No es justo que quien supera el límite por dos o tres kilómetros reciba la misma sanción que quien maneja a ochenta o noventa kilómetros».
Gerson Vargas («Señor Biter»), senador
Revisión nacional del sistema de cámaras
La controversia escaló a nivel nacional y llevó al Ministerio de Transporte, encabezado por la ministra Elsa Noguera, a anunciar una revisión integral del funcionamiento de las cámaras en todo el país. De la mano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte, se evaluarán aspectos como la autorización de los dispositivos, los criterios técnicos para su instalación, la proporcionalidad de las sanciones y el destino de los recursos recaudados. Este anuncio coincide con la decisión de la Alcaldía de Bogotá de instalar más cámaras en corredores como la Calle 26, la Avenida de las Américas y la NQS, con el objetivo declarado de controlar el exceso de velocidad, el tránsito por sitios restringidos y la revisión técnico-mecánica.
Mientras tanto, el Observatorio de Movilidad reporta que las localidades que encabezan la lista de recaudo por fotomultas en 2026 son las mismas que presentan las tasas más altas de siniestros graves, un dato que refuerza la tesis de que las cámaras no están logrando su propósito preventivo. El debate está abierto: mientras unos defienden el sistema como una herramienta necesaria para disciplinar a los conductores, otros lo ven como una maquinaria de recaudo desproporcionada que castiga por igual al infractor leve y al temerario.
