Bogotá: Briceño cuestiona a Arizabaleta por orden de allanamiento tras inspección al Consejo de Estado

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes realizó una inspección judicial en la Sección Quinta del Consejo de Estado el 12 de noviembre de 2025, una diligencia que se llevó a cabo en la sede del alto tribunal con la presencia de la Dijín y el CTI y que, según explicó el propio órgano, forma parte de las actuaciones relacionadas con demandas de nulidad electoral. El hecho fue cuestionado por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien señaló a Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones, por supuestamente haber ordenado el allanamiento y por no declararse impedida, en un contexto que ha acentuado la tensión entre intereses políticos y judiciales en torno a la Sección Quinta.

El marco de estos hechos se remite a antecedentes que se remontan a dos hitos clave: primero, el 21 de octubre de 2025 estudiantes presentaron ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la personería jurídica de Fuerza de la Paz, la cual fue admitida y quedó en manos del magistrado Omar Joaquín Barreto. Luego, el 10 de noviembre de 2025 Gloria Arizabaleta, desde la Comisión de Acusaciones, ordenó un allanamiento e investigación sobre los magistrados Barreto, Álvarez Parra, Gómez Montoya y Vanegas Gil, todos integrantes de la Sección Quinta, fundamentándose en una denuncia contra magistrados. La diligencia del 12 de noviembre estuvo vinculada a dos demandas de nulidad electoral: una contra el alcalde de Calima Darién y otra contra el gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y fue encabezada por Arizabaleta en la sede del Consejo de Estado, con la participación de funcionarios de la Dijín y del CTI.

Inspección judicial en la Sección Quinta y las tensiones entre intereses políticos y judiciales

En medio de este entramado, Briceño ha enfatizado que la actuación de Arizabaleta, figura central de la Comisión de Acusaciones, podría estar atravesada por vínculos políticos. En sus declaraciones sostuvo que la representante exesposa de Roy Barreras ordenó un allanamiento desde la comisión hacia varios magistrados y añadió que uno de esos magistrados estudia una demanda contra su propio partido, lo que a su juicio configura una presión indebida sobre la justicia y plantea la pregunta de por qué Arizabaleta no se declaró impedida. Además, cuestionó si la investigación continuó en un entorno donde ella y su partido tienen intereses en la misma instancia, sugiriendo un posible uso del poder de la Comisión para presionar decisiones a favor de sus prerrogativas políticas.

«La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta exesposa de Roy Barreras ordenó un allanamiento al Consejo de Estado desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra varios magistrados», señaló Briceño. – Daniel Briceño, Concejal de Bogotá

«Uno de esos magistrados se encuentra estudiando una demanda en contra de su partido ‘La Fuerza de la Paz’. Esta es una presión absoluta burda y grosera a la justicia ¿Por qué Arizabaleta no se declaró impedida?», afirmó Briceño. – Daniel Briceño, Concejal de Bogotá

«La Sección Quinta informa que a través de la Secretaría General y la Secretaría de la Sección Quinta, se atienden en este momento las diligencias de inspección judicial decretadas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales», señaló el alto tribunal. – Consejo de Estado

La información disponible da cuenta de un proceso complejo en el que las diligencias de inspección se enmarcan en demandas de nulidad electoral que involucran autoridades locales y regionales, y que, según el propio Consejo de Estado, se atienden conforme a la normativa vigente. En el escenario político, la figura de Arizabaleta y su relación con movimientos como Fuerza de la Paz añade un componente de interés público que amplifica la atención de la opinión pública en Manizales y en todo el país, en un marco periodístico que busca esclarecer responsabilidades y evitar conflictos de interés en las etapas investigativas.