En Bogotá, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, denunció que la Secretaría de Educación del Distrito no abrió nuevos cupos para el programa de AAP, lo que, aseguró, limita la atención a estudiantes con discapacidad. La controversia se intensificó en las publicaciones de la red social X (Twitter), donde la congresista llevó el tema y la Secretaría respondió defendiendo una transición progresiva hacia aulas comunes, en línea con la normativa vigente y con la transparencia informativa que exige la ciudadanía.
Carrascal estimó que aproximadamente 1.600 estudiantes podrían verse afectados por los cambios, mientras que la ciudad ya atiende a más de 23.000 estudiantes con discapacidad y el 93% de ellos ya cursa sus estudios en aulas regulares. El sistema distrital de apoyos, formado por más de 1.500 profesionales, continúa acompañando a las instituciones educativas en este proceso de inclusión y recalca la importancia de recursos y acompañamiento adecuados durante la transición.
Debate sobre la transición de las AAP a aulas comunes
La Secretaría sostiene que desde agosto se abrió la matrícula para población priorizada, incluyendo a personas con discapacidad, y que la atención de cada estudiante se determina mediante una valoración pedagógica individual. Afirman que la AAP no se está cerrando y que la transición hacia aulas comunes busca cumplir la normativa vigente dictada por la Corte, la ley y las directrices del MEN. El sistema de apoyos distrital se mantiene sólido y reforzado con más de 1.500 profesionales, que acompañan el proceso en colegios y trabajan junto a comunidades educativas, actores sociales y entes de control; además, recomiendan consultar al Ministerio de Educación para obtener información precisa.
«No estamos ocultando información» – Isabel Segovia, Secretaria de Educación del Distrito
Este episodio deja en evidencia un choque entre la demanda de claridad pública y la defensa institucional de un proceso que, dicen, se alinea con las obligaciones del Estado de garantizar que todos los estudiantes con discapacidad aprendan en entornos no segregados. El posible impacto para aproximadamente 1.600 estudiantes sigue siendo central para el debate, mientras que la ciudad insiste en que el sistema de apoyos permanece activo y que la inclusión educativa continúa a través de una coordinación entre colegios, comunidades educativas y entes de control, con la advertencia de consultar al Ministerio de Educación para confirmar detalles operativos.
