La Veintitrés Manizales desde Bogotá informa que el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, insistió en sus señalamientos contra Gloria Elena Arizabaleta por presuntamente intentar presionar a la justicia mediante una inspección a magistrados del Consejo de Estado vinculada a una demanda contra el partido La Fuerza de la Paz, una denuncia que la representante ha respondido defendiendo la legalidad de sus actuaciones y rechazando cualquier motivación política en el proceso.
Briceño comunicó sus señalamientos el 13 de noviembre de 2025 a través de publicaciones en la red social X, en las que afirmó que Arizabaleta debió declararse impedida para ordenar la inspección y cuestionó un supuesto conflicto de intereses vinculado a su relación con Roy Barreras, exesposo de Arizabaleta y precandidato presidencial. En respuesta, la representante afirmó que las actuaciones procesales de su despacho se enmarcan en el ejercicio de sus funciones constitucionales, en estricto derecho, y no tienen relación con motivaciones políticas. Además, añadió que sus acciones no persiguen influir en decisiones judiciales y que la intervención busca recolectar información para verificaciones necesarias.
La disputa tiene como trasfondo una demanda ante el Consejo de Estado, presentada el 21 de octubre de 2025 por Samuel Ortiz y Lucas Durán, que pretende declarar la nulidad de la creación y obtención de la personería del partido La Fuerza de la Paz. La inspección judicial ordenada para avanzar en la revisión de estos temas, fechada el 10 de noviembre de 2025, contó con la participación de la Dijín de la Policía y del CTI de la Fiscalía para recabar información y pruebas sobre el caso, sin que ello implique sanción ni una decisión de fondo por parte de los magistrados.
Entre los nombres que figuran en las piezas del proceso figuran magistrados mencionados en la coyuntura, como Omar Joaquín Barreto; Luis Alberto Álvarez Parra; Gloria María Gómez Montoya; y Pedro Pablo Vanegas Gil. En el expediente también aparecen dos estudiantes, Samuel Ortiz y Lucas Durán, identificados como participantes de la demanda y de la inspección. En el marco de estas diligencias, circulan además rumores sobre una fecha de elecciones para el 8 de marzo de 2026, aunque la pugna se centra principalmente en la legalidad y las implicaciones políticas de La Fuerza de la Paz.
La pugna entre el concejal y la representante, entre demandas y diligencias judiciales
La controversia se enmarca en una lucha institucional y política entre un concejal bogotano y una representante del Valle del Cauca, presidenta de la Comisión de Acusaciones, que mantiene una postura afín al proyecto progresista y que, según sus defensores, ha pedido ante el Consejo Nacional Electoral escindirse de La Fuerza de la Paz para evitar cualquier confusión entre sus obligaciones y su afiliación partidista. Briceño sostiene que la intervención podría dilatar procesos y generar intimidación a magistrados, mientras Arizabaleta defiende que su actuación no tiene relación con su partido y que hay un claro interés en esclarecer la legalidad de los actos y la situación jurídica del partido.
«Señora Arizabaleta, usted debió declararse impedida para ordenar la inspección a magistrados del Consejo de Estado que están estudiando una demanda en contra del partido familiar del que usted es directiva. Presionar la justicia de esta forma es una vergüenza» – Daniel Briceño, Concejal de Bogotá
En cuanto a la inspección judicial ordenada, Arizabaleta sostuvo que se trata de una diligencia de carácter probatorio cuyo único objetivo es recopilar y verificar información, subrayando que no implica sanción ni una decisión de fondo y que la actuación no busca influir ni interferir en los procesos que conoce de forma autónoma el Consejo de Estado, incluyendo lo relativo a la situación jurídica del partido La Fuerza de la Paz. Por su parte, Briceño insistió en que la intervención podría afectar la legitimidad y la viabilidad de La Fuerza de la Paz, apuntando a un posible impacto sobre recursos y la existencia misma del partido si se percibe una interferencia externa al proceso judicial.
Este panorama se agrava por el contexto de antecedentes en el que Briceño ha denunciado públicamente la supuesta intervención de Arizabaleta en procesos judiciales y en el que Arizabaleta, miembro de la coalición que ha respaldado al Pacto Histórico, sostiene que sus actuaciones responden a funciones institucionales y a la defensa de la legalidad, incluso señalando que ha pedido la escisión de su afiliación a La Fuerza de la Paz ante el CNE para evitar confusiones o conflictos de interés, además de aclarar su relación con Roy Barreras, exesposo de la dirigente y figura vinculada a la vida política nacional.
