En agosto, desde Bogotá, el concejal Julián Uscátegui divulgó una lista de 80 gestores de paz beneficiados por la política de paz total y envió una carta al despacho del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para investigar presuntos favorecimientos a estructuras criminales mediante liberaciones. La lista fue entregada como documento oficial por la Casa de Nariño y está firmada por una asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; según el informe, al menos 16 gestores de paz habrían recuperado la libertad, lo que alimenta la preocupación sobre posibles vínculos entre estas decisiones y el fortalecimiento de actividades ilícitas dentro del marco de la paz total.
El hecho llega en un contexto de controversia y debate público sobre la selección de beneficiarios con antecedentes delictivos y en medio de un escrutinio internacional sobre la implementación de la política de paz total. La gestión para obtener la lista, junto con la entrega del documento oficial por la Casa de Nariño, subraya la magnitud de las revelaciones. El informe señala que predomina el señalamiento de integrantes del ELN y de disidencias de las FARC, e incluye el caso de Omar Vallejo, identificado como miembro del ELN y señalado por su presunta participación en el asesinato de dos policías en Nariño. Además, se advierte que algunas liberaciones podrían haber facilitado el envío de droga y posibles contactos con estructuras criminales.
La carta ante Washington y el contexto internacional
La misiva, que habría llegado a Marco Rubio y a otros congresistas estadounidenses poco antes de que Gustavo Petro fuera incluido en la lista OFAC, se presenta como un intento de que Estados Unidos examine un presunto nexo entre el gobierno y redes criminales. En extractos citados por Noticias RCN, el texto de la carta sugiere la necesidad de inferir un favorecimiento por parte del presidente Gustavo Petro Urrego a estructuras criminales organizadas con vínculos con el Cártel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, una afirmación que ha generado interrogantes sobre la verdadera dirección de la paz total.
«Decidimos enviarle una carta el pasado mes de agosto contándole cómo Gustavo Petro había nombrado gestores de paz a múltiples criminales que quedaron en libertad» – Julián Uscátegui, concejal de Bogotá
El Gobierno colombiano, por su parte, no ha emitido pronunciamiento oficial sobre el contenido de la carta ni sobre las reacciones internacionales; la revelación ha incrementado la presión sobre la política de paz total y su reputación en la arena internacional, dejando abiertas preguntas sobre el proceso de selección de beneficiarios y la interpretación de las liberaciones dentro del marco de la paz total, mientras persiste la expectativa de una posición oficial del Ejecutivo ante estas denuncias y su impacto en la credibilidad de la estrategia de reconciliación nacional.
