En una noticia que sitúa al Concejo frente a un dilema humanitario, el concejal Jesús Araque, del Nuevo Liberalismo, solicitó evacuar de inmediato la UPI La Rioja en Bogotá por riesgo estructural, eléctrico y sanitario, en respuesta a órdenes de la Corte Constitucional y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que exigen la evacuación efectiva e inmediata de la comunidad embera. Cerca de 390 indígenas embera, entre ellos niños, niñas, adultos mayores y mujeres, se encuentran en condiciones que no permiten garantizar su seguridad, por lo que la alcaldía ha ofrecido alternativas individuales de arriendo en condiciones dignas y ha pedido a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que gestione un predio refugio temporal conforme a lo ordenado. En este marco, Idipron, la Secretaría Distrital de Integración Social y el ICBF participan para coordinar acompañamiento psicosocial y otros apoyos, mientras la tutela notificada el 28 de mayo de 2025 (radicado 1001133333073202500010/01) y el auto expedido por la Corte Constitucional el 4 de noviembre de 2025 marcan la urgencia de la acción.
La decisión se sitúa en un contexto de retorno voluntario de los embera en septiembre de 2025, cuando cerca de 1.500 indígenas regresaron a sus territorios tras un proceso de acompañamiento liderado por la administración de Carlos Fernando Galán. Sin embargo, unas 390 personas rechazaron la oferta y decidieron permanecer en el predio de La Rioja. El 9 de noviembre de 2025, un niño de cinco años cayó desde el segundo piso de la UPI La Rioja y fue trasladado al Hospital Santa Clara, donde permanece bajo observación; este hecho refuerza la necesidad de una salida voluntaria e inmediata y de medidas de reubicación o refugio temporal con acompañamiento psicosocial y familiar.
La evacuación de La Rioja, entre órdenes judiciales y alternativas institucionales
La Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenan evacuar la UPI La Rioja, y la SAE debe gestionar el predio de refugio temporal conforme a lo ordenado. En ese marco, se han planteado ofrecimientos de reubicación y de alojamiento temporal con apoyo psicosocial para las familias, priorizando a niños, niñas, gestantes y adultos mayores. El propio concejal Araque insistió en que la permanencia de la población en La Rioja representa un peligro inminente, y que la administración distrital mantiene abierta la opción de subsidios y otras alternativas de alojamiento temporal.
«Estamos hablando de que la vida de cerca de 390 indígenas, entre ellos niños, niñas, adultos mayores y mujeres está en riesgo. El inmueble no cumple con las condiciones de seguridad necesarias para albergar a esta comunidad y por ello la alcaldía les ha ofrecido alternativas individuales de arriendo en condiciones dignas», advirtió el concejal, Jesús Araque, del Nuevo Liberalismo.
Además, Araque señaló que la salida de estas familias debe ser inmediata y voluntaria, solicitando a la SAE que ubique un predio en la ciudad que sirva de refugio temporal, tal como lo ordenó la Corte Constitucional. En este punto, Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, enfatizó que el cuidado de los niños es una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad, y señaló que la protección y derechos de los menores debe ser prioridad de la sociedad en su conjunto.
La situación también revela la necesidad de revisar la situación de la UPI La Rioja, cuyos dirigentes y autoridades han reiterado que no cuenta con condiciones mínimas de habitabilidad, saneamiento ni seguridad. El distrito ha dejado claro que su objetivo es la reubicación o integración local de las familias, con un acompañamiento psicosocial y de las familias para garantizar la protección de menores y personas gestantes.
En el plano institucional, el marco de las resoluciones judiciales se combina con la intervención de Idipron, la Secretaría Distrital de Integración Social y el ICBF, que coordinarán acciones de protección infantil y apoyo psicosocial, mientras la SAE se encarga de encontrar predios refugio temporales. Este juego de actores, en el que participa también la Administración Distrital de Bogotá, señala que la respuesta no es sencilla, pero sí necesaria para salvaguardar la vida de las familias involucradas.
En síntesis, la evacuación no solo responde a una decisión judicial, sino a una necesidad humana de garantizar condiciones dignas y seguras para aproximadamente 390 indígenas, entre ellos niños y mujeres, y para todo el conjunto de la comunidad de la UPI La Rioja, con el acompañamiento psicosocial y de continuidad para los procesos de retorno o reubicación, mientras persiste la coordinación entre las entidades y la comunidad para asegurar una salida ordenada y respetuosa de sus derechos.
