Un total de 274 denuncias por presunto constreñimiento al sufragante se registraron durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2024, según el balance presentado el lunes 24 de junio por el Ministerio de Defensa, encabezado por el ministro Pedro Sánchez. De ese global, 97 casos se concentraron en Bogotá, lo que convierte a la capital en el principal foco de estas prácticas de coacción a nivel nacional, seguida por Barranquilla con 16 denuncias, Medellín con 10, Cali con 7 y Bucaramanga con la misma cifra. En total, las autoridades recibieron reportes en 98 municipios distribuidos en 28 departamentos del país, lo que representa aproximadamente el 9% de los municipios colombianos.
Los mecanismos de recepción de estas quejas fueron la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), que captó 261 reportes, y la Línea Anticorrupción 157, que sumó 13 denuncias adicionales. El informe del Ministerio de Defensa también reveló el perfil de los presuntos responsables: el 27% de los casos involucra a partidarios de campañas políticas, el 24% a empleados públicos, el 23% a representantes de empresas privadas y un 9% (equivalente a 23 denuncias) a grupos armados organizados ilegales. Cabe destacar que 99 municipios habían sido identificados previamente como zonas de riesgo especial para este tipo de delitos electorales, una alerta que buscaba prevenir precisamente situaciones como las reportadas.
Denuncias y medidas de las autoridades
El Ministerio de Defensa hizo un llamado directo a la ciudadanía para que continúe reportando cualquier acto de coacción o corrupción electoral. En su comunicado oficial, la entidad señaló: «El llamado oficial sigue vigente para que la ciudadanía denuncie cualquier acto de coacción o corrupción electoral a través de las líneas de atención dispuestas por el Estado». Las denuncias recibidas han dado inicio a procesos de investigación para verificar la veracidad de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, en un contexto donde el constreñimiento al sufragante —definido como la amenaza, presión o coacción para influir en el voto o impedir la libre votación— es considerado una grave afectación a la democracia.
«El llamado oficial sigue vigente para que la ciudadanía denuncie cualquier acto de coacción o corrupción electoral a través de las líneas de atención dispuestas por el Estado»
Ministerio de Defensa, comunicado oficial
Además de las denuncias por constreñimiento electoral, el ministro Pedro Sánchez reportó alteraciones del orden público durante la jornada electoral en Bogotá, Cali y Buga, que requirieron la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). En concreto, se registraron dos intervenciones en la capital del país y dos en el Valle del Cauca, una en Cali y otra en Buga. Por otra parte, el Ministerio informó que la fuerza pública se encuentra preparada para colaborar en el proceso de transición con el nuevo gobierno, entregando información detallada sobre capacidades operacionales, avances y los retos pendientes en materia de seguridad y defensa. Este balance se produce en el marco de la segunda vuelta presidencial en la que Colombia eligió a su jefe de Estado, y las autoridades mantienen abiertos los canales de denuncia para seguir recibiendo reportes de posibles irregularidades.
