El Distrito de Bogotá, a través de su Secretaría de Hacienda liderada por Ana María Cadena, presentó una demanda contra la Gobernación de Cundinamarca para recuperar 30.000 millones de pesos correspondientes al 20 por ciento de su participación en el impuesto de registro recaudado entre agosto de 2024 y diciembre de 2025. Esta acción legal surge por discrepancias en la distribución de los recursos, según lo establecido en el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, que asigna el 20 por ciento a Bogotá y el 70 por ciento a Cundinamarca. La conciliación se adelanta en las cámaras de comercio de Bogotá desde inicios de febrero de 2025, tras una mesa técnica abierta para buscar un acuerdo.
El conflicto se originó en agosto de 2024, cuando la Gobernación de Cundinamarca emitió una directriz a la Cámara de Comercio de Bogotá para que transfiriera el 100 por ciento de los pagos virtuales del impuesto de registro directamente al departamento, dejando de lado la porción correspondiente al Distrito. A pesar de requerimientos formales y reuniones previas sin llegar a un consenso, ambas entidades han manifestado su voluntad de llegar a una compensación que determine el impacto real y las medidas correctivas.
Impacto económico y social del reclamo
El monto reclamado representa un impacto anual de 21.000 millones de pesos, equivalente a 1.700 millones mensuales y 58 millones diarios para Bogotá. Estos recursos podrían destinarse a proyectos clave, como la instalación de 1.700 paneles solares que beneficiarían a 2.000 hogares de estratos 1 y 2 en la capital. Esta situación recuerda conflictos previos en impuestos vehiculares desde 2012, donde Bogotá ha perdido 1,1 billones de pesos por registros realizados en municipios de Cundinamarca.
«el objetivo del Distrito es que se reintegren los recursos dejados de recaudar y que se garantice la implementación adecuada de la norma sobre el impuesto de registro en Bogotá»
Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá
En paralelo, Bogotá anuncia medidas futuras para el sector vehicular a partir del primer semestre de 2026, incluyendo pico y placa los dos sábados de cada mes y un recargo del 50 por ciento en la tarifa para vehículos matriculados fuera de la capital. Mientras el proceso de conciliación avanza, se espera que las partes lleguen a un acuerdo que evite mayores tensiones administrativas y garantice el correcto reparto de los ingresos fiscales en la región.
