Bogotá podría enfrentar un desabastecimiento de energía en 2026 si no se terminan tres obras de transmisión: La Virginia–Nueva Esperanza, Chivor II y Sogamoso, advierten el alcalde Carlos Fernando Galán y un reportaje de El Tiempo presentado durante el Congreso Anual de Energía de Acolgen.
La alerta llega en un momento en que la ciudad enfrenta una creciente demanda impulsada por proyectos urbanos como Lagos de Torca y por inversiones en transporte público, lo que eleva la presión sobre la red eléctrica. Entre las voces que acompasan la preocupación están la concejal del Partido Liberal María Victoria Vargas Silva, Iván Carrillo, investigador jurídico de Ruralia Urbana, y actores del sector como Grupo Energía Bogotá y Enel Colombia, además de las decisiones pendientes ante ANLA y CAS. Vargas Silva subrayó que las medidas deben enfocarse en soluciones concretas y no en polémicas políticas; dijo que “las redes existentes están saturadas. Es como una autopista por donde cada vez pasan más vehículos: llega un punto en el que no cabe más tráfico. Así está la infraestructura energética de Bogotá.” Carrillo añadió que “pedimos respeto y diálogo. No nos negamos al desarrollo, pero los proyectos deben planificarse sin poner en riesgo los ecosistemas donde hay nacederos de agua y especies únicas,” mientras Galán insistió en que “la capital necesita soluciones urgentes para no depender de márgenes tan estrechos de reserva. La estabilidad eléctrica es una condición básica para la economía y la vida de los ciudadanos.”
Progreso y obstáculos de las tres líneas de transmisión que sostienen la energía de Bogotá
En detalle, la línea Chivor II muestra avances desiguales: liberación predial en 90%, cimentaciones en 73%, torres montadas en 72% y tendido eléctrico en 29%. La ruta Sogamoso registra liberación predial en 91%, cimentaciones en 62%, torres montadas en 50% y tendido en 8%. La Virginia–Nueva Esperanza, por su parte, ya cuenta con licencia ambiental, pero el tramo La Virginia–Alférez, en Valle del Cauca, permanece en trámite y enfrenta demandas judiciales por impactos a zonas de reserva natural. Además, la línea La Virginia–Nueva Esperanza fue adjudicada a la empresa Alupar, de capital brasileño, y las obras se planificaron para iniciar entre 2015 y 2018, sujeto a las aprobaciones ambientales y a la resolución de litigios que rodean las áreas protegidas.
«No queremos un debate político, sino soluciones concretas para evitar un racionamiento que afectaría a todos los ciudadanos» – María Victoria Vargas Silva
El contexto marca la necesidad de acelerar las aprobaciones ambientales y resolver litigios para garantizar la estabilidad eléctrica ante un crecimiento urbano sostenido y un incremento de la demanda por proyectos de movilidad y desarrollo urbano en Bogotá. En ese marco, las autoridades y las empresas involucradas coinciden en que la planificación debe equilibrar la seguridad energética con la protección de nacederos de agua y de ecosistemas clave, para no gravar a la población con racionamientos ni costos mayores, y asegurar así la continuidad del suministro mientras la ciudad avanza en su desarrollo.
