Bogotá instalará 41 cámaras de velocidad para frenar aumento de muertes viales

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Bogotá se prepara para una nueva fase de su sistema de vigilancia vial con la instalación de 41 cámaras de fotodetección en avenidas clave, una medida que la Secretaría de Movilidad defiende como necesaria para frenar el alarmante incremento de la siniestralidad, pero que ha generado un fuerte rechazo por parte de sectores políticos que la califican como un mecanismo de recaudo abusivo. La ampliación, respaldada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), arrancará en los próximos días con una primera fase de 16 dispositivos en cinco puntos críticos, con la meta de alcanzar 240 equipos operativos para el año 2027.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, explicó que la decisión responde a un análisis técnico que identificó el exceso de velocidad y los cruces inseguros como las principales causas de mortalidad en las vías. “El exceso de velocidad es el principal causante de muertes en la vía”, señaló la funcionaria, quien agregó que las autoridades informarán oportunamente sobre las etapas pedagógica y sancionatoria. Los nuevos equipos se instalarán en puntos de alta circulación, como la NQS con calle 9, la NQS con calle 47A, la avenida El Dorado con carreras 17 y 25, y Las Américas con carrera 58. A estos se sumarán otras 25 cámaras ya autorizadas en arterias como la Ciudad de Cali, Caracas, calle 13, Conejera, vía al Llano, carrera 10, autopista Norte, Primero de Mayo y autopista Sur.

Cifras que encienden las alarmas

La urgencia de la medida se sustenta en cifras que la propia administración distrital califica como preocupantes. Hasta el 31 de julio, las muertes por siniestros viales en Bogotá aumentaron un 33 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, y los motociclistas representan el 45 por ciento de las víctimas fatales. La Secretaría proyecta que con la expansión del sistema se podrían evitar 50 muertes y 900 lesionados en los próximos cuatro años. Actualmente, la red cuenta con 99 cámaras, a las que se sumarán estas 41 nuevas, mientras se gestionan alrededor de 100 autorizaciones adicionales.

Los dispositivos podrán detectar exceso de velocidad, circulación en zonas restringidas, falta de revisión técnico-mecánica, incumplimiento de pico y placa, ausencia de Soat, estacionamiento prohibido y cruce de semáforos en rojo. Cada evidencia, según la Secretaría, debe ser validada por un agente de tránsito antes de que se imponga la sanción. Además, algunas de estas nuevas cámaras reemplazarán equipos que superaron los cinco años de vigencia, y se ubicarán estratégicamente en zonas con presencia de peatones, niños y adolescentes por la cercanía de colegios.

Polémica y acusaciones de “abuso”

A pesar de la justificación técnica, la medida ha desatado una fuerte controversia política. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó la expansión como “un abuso con los bogotanos”, sumándose a las críticas de quienes consideran que la administración ha priorizado el recaudo sobre la seguridad vial. En la misma línea, el representante a la Cámara Daniel Briceño fue contundente al afirmar que “en Bogotá estamos cansados de la persecución; estamos cansados de que, a través de un discurso de cuidado de la vida, lo que hayan montado realmente sea un mecanismo efectivo de recaudo de plata para alimentar burocráticamente a esa Secretaría”.

«Un abuso con los bogotanos»

Rodrigo Lara, ministro del Interior

«En Bogotá estamos cansados de la persecución; estamos cansados de que, a través de un discurso de cuidado de la vida, lo que hayan montado realmente sea un mecanismo efectivo de recaudo de plata para alimentar burocráticamente a esa Secretaría»

Daniel Briceño, representante a la Cámara

El debate se aviva en un contexto de crecimiento del parque automotor y un aumento significativo de motociclistas, un sector que concentra la mayor parte de las víctimas fatales y que, a su vez, es el más afectado por las sanciones. Mientras la Secretaría insiste en que la prioridad es la vida, la oposición política y sectores de la ciudadanía cuestionan si detrás del discurso de la seguridad no se esconde, como denuncian, una estrategia de recaudo fiscal.

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