Una investigación conjunta de la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture concluye que la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, fue una operación contrainsurgente planificada para ocultar la desaparición forzada de civiles. El estudio, que además recorre la infraestructura y la logística estatales implicadas, identifica un entramado que incluyó el traslado de rehenes, filtrado de información y ocultamiento de evidencias, y sitúa a la Comisión de la Verdad y a Forensic Architecture como protagonistas de una revisión de la narrativa oficial. Esta cobertura, desde La Veintitrés Manizales, busca contextualizar los hallazgos para la audiencia regional y ampliar la memoria institucional con base en pruebas; entre las figuras mencionadas por la investigación figuran Julián Enrique Penagos Carreño, profesor del Departamento de Comunicación Pública de la Universidad de La Sabana, así como una vereda de trabajadores y visitantes vinculados a cafetería, cocina y seguridad, como Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes, Bernardo Beltrán Hernández, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Ana Rosa Castiblanco, Luz Mary Portela, Gloria Anzola de Lanao, Norma Constanza Esguerra, Gloria Stella Lizarazo Figueroa y Héctor Jaime Beltrán Fuentes.
La reconstrucción forense, basada en análisis audiovisual y espacial, modelado 3D y la sincronización de aproximadamente 50 horas de video, identifica una red de infraestructura y logística de alcance estatal que permitió la desaparición y la ocultación de pruebas. En concreto, se documenta que alrededor de 20 personas fueron detenidas y sometidas a interrogatorios y torturas en Cantón Norte entre el 7 y el 15 de noviembre de 1985, repartidas en cinco grupos y trasladadas a distintos lugares de detención. Un primer eslabón relevante fue la Casa del Florero, donde el grupo de “especiales” fue llevado tras cruzar el cordón de seguridad, y allí se constató una apropiación de la arquitectura del museo por parte de agentes estatales. Paralelamente, muchos detenidos habrían sido transportados por diferentes funcionarios del Estado en vehículos distintos, mientras que siete rehenes clasificados como “especiales” salieron del Palacio de Justicia y fueron trasladados a la Casa del Florero durante un tramo de apenas cinco minutos. En este marco, la investigación subraya que el objetivo central era encubrir la desaparición de civiles y destruir evidencia, en un contexto de ejecución permanente por parte de agentes estatales.
La reconstrucción forense redefine la memoria institucional
Entre los antecedentes relevantes están la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, la labor de las comisiones de verdad y de los forenses que aportaron documentos, así como el documental Cajas Negras y el libro de Penagos Carreño, que complementan una trayectoria de exploración de lo ocurrido. En la actualidad, el estudio utiliza análisis forense espacial y tecnología 3D para reescribir la narrativa oficial y presionar por archivos públicos y memoria institucional. Los impactos posibles abarcan el fortalecimiento de políticas públicas de memoria, el tránsito de conmemoraciones hacia evidencia verificable y avances en el acceso y la preservación de archivos audiovisuales y de archivos familiares.
«la verdad pública se construye con método y con las familias en el centro. No basta con conmemorar; hay que probar» – Julián Enrique Penagos Carreño, profesor, Universidad de La Sabana
«se podría institucionalizar los archivos audiovisuales, de georreferencia y domésticos de las familias, como archivo público, con permiso de la familia desde luego. Esto implica una actualización continua, gobernanza, protocolos de preservación y articulación con basesdocumentales y archivos familiares» – Julián Enrique Penagos Carreño, profesor
Esta convergencia entre memoria, tecnología y archivos podría marcar un giro significativo en la forma en que la memoria histórica se convierte en evidencia verificable, fortaleciendo políticas públicas de memoria y facilitando el acceso a materiales que permitan a las familias y a la sociedad en general entender las dinámicas de un periodo oscuro y complejo de la historia nacional.
