En un hecho que podría marcar un nuevo capítulo en la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz podría excluir a General (r) Mauricio Santoyo Velasco por incumplimiento de sus compromisos de verdad. La evaluación se desarrolla tras una audiencia pública destinada a verificar su grado de cumplimiento y la posible revocación de beneficios, con la eventual remisión a la justicia ordinaria si se confirma el incumplimiento. El caso involucra a un ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ex comandante del Gaula de la Policía en Antioquia, y llega a la agenda de La Veintitrés Manizales como una prueba de fuego para la credibilidad del sistema de verdad y reparación al que se comprometió la sociedad colombiana.
La audiencia pública está citada para el 19 de noviembre, con diligencias programadas para el 20 y 21 de noviembre en Bogotá, en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. El primer reporte de incumplimiento se registró en marzo de 2025 y, según la Sala, la verificación del nivel de cumplimiento de los compromisos de reparación y no repetición será clave para decidir si procede la revocación de beneficios o la remisión a la justicia ordinaria. En paralelo, la defensa habría entregado pruebas sobre su participación en la Ubpd, lo que añade una capa adicional a la revisión de aportes y pruebas presentadas para sustentar su versión de los hechos.
Contexto y posibles efectos para el proceso de verdad
Entre los antecedentes figura que Santoyo entregó información confidencial de las Fuerzas Militares a las AUC entre 1997 y 2001; fue condenado en Estados Unidos a 13 años de prisión por su participación con ese grupo, con reducción de pena por revelar secretos sobre la AUC. Posteriormente fue deportado a Colombia y vinculó a la JEP para aportar información sobre el conflicto y avanzar en la reparación de las víctimas. La Sala advierte que el incumplimiento de la condicionalidad de la verdad podría derivar en la revocación de beneficios y la remisión a la justicia ordinaria, con posibles impactos para las víctimas y para la credibilidad del sistema de justicia transicional, además de sentar un precedente para otros vinculados a la JEP.
No hay citas textuales disponibles en el material.
En el marco de los datos secundarios, la defensa de Santoyo ha entregado pruebas sobre su participación en la Ubpd y se han registrado denuncias sobre el presunto incumplimiento del compromiso de verdad en múltiples ocasiones, lo que intensifica la atención sobre el papel de la JEP como proceso de reparación y no repetición. Si la audiencia determina incumplimiento, la revisión podría derivar en una remisión a la justicia ordinaria y afectar a las víctimas, así como plantear preguntas sobre la consistencia de las decisiones de la JEP y su supervisión futura.
