Bogotá: Jueza admite incidente de desacato contra Gustavo Petro por retractación

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La jueza Tania Inés Jaimes Martínez admitió un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego a petición del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal 52 delegado ante el Tribunal y adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales. La resolución ordena el traslado del jefe de Estado, fijó un plazo de tres días para que exponga lo que estime conveniente y dispuso la notificación personal para hacer cumplir el fallo de tutela; advierte, además, que podría imponerse arresto o una multa por la inobservancia. Todo quedó reflejado en el auto de traslado fechado el 28 de agosto de 2025, tramitado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, Colombia.

Este caso se inscribe en un escenario de tensiones entre el Ejecutivo y la judicatura. Burgos Patiño investiga a Nicolás Petro; tras una retractación exigida por una orden judicial, Gustavo Petro sostuvo críticas hacia la Fiscalía y hacia el propio fiscal, lo que ahora se traduce en un proceso de desacato que activa trámites para el traslado del presidente y para que explique su actuación, con un plazo de tres días para manifestarse y una notificación personal para hacer cumplir el fallo de tutela. En caso de incumplimiento, la sanción podría ser arresto o multa, conforme al artículo 27 del decreto 2591 de 1991.

Tensiones entre Ejecutivo y Poder Judicial en el centro del caso

Entre las declaraciones del expediente se destacan tres apartados de la resolución. En primer lugar, queda explícito que se admite el incidente de desacato formulado por Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal 52 delegado ante el Tribunal, adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales, en contra de Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República. En segundo lugar, se ordena correr traslado a la parte accionada para que en el término de tres días manifieste lo que estime conveniente. El traslado se surtirá mediante auto que debe salir en estado el día 28 de agosto de 2025 y se dispuso un auto de obedecimiento por el notificador a despacho. En tercer lugar, se ordena notificar personalmente al señor Petro para que haga cumplir cabalmente el fallo de tutela dentro de los dos días siguientes a la notificación de este auto de 2020. Estas determinaciones figuran en la providencia.

«PRIMERO: Admitir el incidente de desacato formulado por el accionante Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal 52 delegado ante el Tribunal, adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales, en contra de Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República» – Mario Andrés Burgos Patiño

«SEGUNDO: CORRER TRASLADO de conformidad con lo establecido en el artículo 129, inciso 3º del C.G.P. del escrito presentado por el accionante, a la parte accionada para que en el término de tres (3) días manifieste lo que estime conveniente. El traslado se surtirá mediante auto que debe salir en estado el día 28 de agosto de 2025 y auto de obedecimiento por el notificador a despacho» – Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá

«TERCERO: NOTIFICAR PERSONALMENTE al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO en su calidad de PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA para que haga cumplir cabalmente el fallo de tutela, dentro de los dos días siguientes a la notificación de este auto de 2020» – Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá

«narcofiscal» – Gustavo Petro

El tribunal señaló que la libertad de expresión no es ilimitada y que el presidente no puede imputar delitos sin respaldo probatorio, ya que sus declaraciones influyen en la percepción pública sobre el sistema judicial. Petro reconoció que Burgos cuenta con investigaciones, pero carece de condenas o sanciones y está amparado por la presunción de inocencia; sostuvo que sus palabras eran opiniones dentro del debate democrático y reiteró el respeto por la independencia judicial. Petro cuestionó límites a su derecho de dirigirse a la nación y citó posibles órdenes judiciales contradictorias; defendió su obligación de informar con transparencia y afirmó que no se ha censurado a la prensa ni restringido la libertad de expresión durante su gobierno.

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