El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá ordenó a Gustavo Francisco Petro Urrego retractarse y presentar excusas públicas por sus señalamientos contra Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, con un plazo de cinco días para cumplir la sentencia que quedó firmemente establecida en la capital del país.
La decisión se sustenta en que las declaraciones del presidente de la República, publicadas el 29 de septiembre, constituyen una imputación directa sin sustento judicial y vulneran los derechos al buen nombre y la honra de la congresista. Valencia había interpuesto una acción de tutela que llevó al tribunal a determinar ese incumplimiento, de modo que la rectificación debe hacerse visible a través de las plataformas públicas designadas en la sentencia.
El fallo especifica que la rectificación debe difundirse en tres cuentas de X: la oficial de Presidencia, la institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia y la cuenta personal de Petro. Esta integración de canales refuerza la publicidad y la vigencia del acto de retractación, que debe hacerse de forma clara y sin ambigüedades para evitar nuevas vulneraciones a la honra de Valencia.
La sentencia y el contexto de la rectificación
El contexto de la decisión remite a una respuesta de Petro a un video en el que Valencia cuestionaba su postura en una intervención internacional. La resolución judicial reitera la necesidad de respetar la honra de los ciudadanos y establece límites a la libertad de expresión de funcionarios públicos cuando se refiere a la integridad de otros actores políticos.
«Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente.» – Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República
«Ahora se quiere evadir la responsabilidad política del Gobierno y del partido de gobierno que tuvo durante los ocho años que duró el mandato de los falsos positivos, crimen de lesa humanidad, y los años que siguieron después, cuando la justicia descubrió el crimen.» – Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República
Entre los datos secundarios, se destaca que la jueza Tania Inés Jaimes Martínez admitió un incidente de desacato contra Petro a solicitud del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño (fiscal 52 delegado ante el Tribunal, Unidad de Delitos Ambientales). Como antecedente relacionado, Petro ya había publicado una declaración acatando una orden judicial que le exigía retractarse de llamar “narcofiscal” a Burgos Patiño. Noticias RCN publicó el documento judicial que instruye “PRIMERO: Admitir el incidente de desacato formulado por el accionante Mario Andrés Burgos Patiño…”, lo que añade contexto a la dinámica de la causa y la supervisión de las declaraciones públicas de autoridades.
La decisión del Juzgado 46 Administrativo no solo establece un mandato concreto para la retractación, sino que también marca un precedente sobre los límites de la libertad de expresión cuando se dirigen a la integridad de otros ciudadanos involucrados en la vida pública. En este caso, la rectificación deberá difundirse de forma pública y visible en tres cuentas de X, cumpliendo con la voluntad judicial y protegiendo la honra de Valencia frente a imputaciones no sustentadas en procesos judiciales.
