En una audiencia de control de garantías, la jueza impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Simeón Pérez Marroquín, alias “el Viejo”, por su presunta participación en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. La captura se produjo el 27 de octubre de 2025 en el departamento del Meta, resultado de una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Según la Fiscalía, Pérez Marroquín sería autor y/o intermediario entre determinadores y un grupo delincuencial, y habría entregado el arma al sicario un día antes de la ejecución. El atentado ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, barrio Modelia, de Bogotá; Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025 tras dos meses de hospitalización. La jueza señaló que la medida busca evitar la reiteración y la comisión de nuevas conductas punibles o atentados contra otros ciudadanos o candidatos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Pérez Marroquín actuaría como cabecilla de la organización criminal que coordinaba la logística y la participación de los autores materiales. El arma utilizada habría sido suministrada por el detenido, y la investigación apunta indicios de intentos por destruir evidencias y evadir la justicia. En la investigación también se señala que el autor material del atentado es un adolescente de 15 años. Las autoridades que informaron estos datos fueron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y un delegado del Ministerio Público presente en la audiencia de imputación, cuando se hizo constar que la defensa del procesado no aceptó los cargos imputados. La captura se efectuó en el Meta, y la investigación continúa para esclarecer todos los extremos del caso, con una audiencia de imputación cuya fecha no ha sido especificada.
La Fiscalía señala a Pérez Marroquín como cabecilla de la organización que coordinaba el crimen
El caso revela supuestas conexiones entre determinadores del asesinato y un grupo delictivo, con Pérez Marroquín presuntamente desempeñando el rol de nexo logístico y coordinador de la participación de los autores materiales. El arma incriminada habría sido entregada por el procesado, apuntalando la versión de una cadena de responsables que trabajaban para ejecutar el plan. El para advierte que la intervención para destruir evidencias y evadir la justicia es un indicio relevante en la investigación, que también ha dejado en evidencia la dinámica de una estructura criminal que habría buscado neutralizar a un potencial oponente político. Las autoridades indicaron que la captura se logró gracias a una operación de alto nivel en Bogotá y en el Meta y que, pese a existir una orden de captura desde julio, ésta solo se ejecutó en octubre.
«Se ha establecido que efectivamente sí hay necesidad de esta medida de imposición de aseguramiento preventivo, para evitar la reiteración y comisión de nuevas conductas punibles o atentados a otros ciudadanos (…) o peor aún, a otros candidatos», – Jueza de control de garantías
La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y un delegado del Ministerio Público en la audiencia informaron sobre los hechos y dejaron constancia de que el procesado no aceptó los cargos imputados. El estado de la defensa, además, se mantiene en que no se ha probado su culpabilidad de manera concluyente, a la vez que las autoridades insisten en que la investigación continúa para esclarecer todos los extremos del caso y garantizar la justicia en un episodio que ha conmocionado el panorama político nacional.
