Este lunes, la Procuraduría General de la Nación recibió una solicitud formal para investigar disciplinariamente y suspender provisionalmente al ministro del Interior Armando Benedetti, luego de que lo llamara a la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia como “loca”, “demente” y “delincuente” durante una entrevista en W Radio. La solicitud fue presentada ante el Procurador General Gregorio Eljach y, según los argumentos planteados, esas expresiones podrían vulnerar la independencia judicial y constituir obstrucción a la justicia, al insinuar posibles usos de información confidencial de la Corte. Si el proceso prospera, podría desembocar en una suspensión provisional del funcionario, en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.
La petición incluye referencias explícitas a Armando Benedetti, así como a Camilo Alberto Enciso Vanegas, abogado y exsecretario de Transparencia; a Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema; y a Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación, a quien se acudió para tramitar la apertura de la investigación y, de ser pertinente, la aplicación de la suspensión. Se señala que las declaraciones del ministro vulneran principios de independencia del poder judicial y que podrían constituir presiones indebidas, con la posibilidad de haber utilizado información interna o confidencial de la Corte en su entrevista para reforzar sus afirmaciones.
La acción se dio a conocer en el marco de un procedimiento que podría abrir un proceso disciplinario y, en caso de encontrarse méritos, activar la suspensión provisional del cargo. En paralelo, se recuerda un antecedente relevante: un allanamiento a la residencia de Benedetti en Lagos de Caujaral, Puerto Colombia (Atlántico), ordenado por Lombana, como parte de investigaciones sobre posibles vínculos del ministro con delitos de corrupción y la dificultad de justificar su patrimonio. Entre los elementos que acompañan la denuncia se mencionan antecedentes inmobiliarios y financieros que involucran inmuebles valorados en hasta 15.000 millones de pesos, una deuda por dación en pago cercana a 2.000 millones y un arrendamiento de la vivienda que supera los 20 millones de pesos mensuales. El informe también señala un ingreso oficial de Benedetti de 26,8 millones de pesos mensuales y, a febrero de 2025, 13 millones de pesos en cuentas y deudas por 923 millones, con la esposa declarando ingresos de 300.000 pesos en 2024. En el registro de bienes figura una presencia en Barranquilla, una mansión en Puerto Colombia y otra en Bogotá, además de mencionar que más de 50 familiares aparecen en investigaciones financieras y que el allanamiento estuvo a cargo de Lombana.
Entre los demás elementos señalados se alude a antecedentes inmobiliarios y financieros vinculados a la propiedad de Lagos de Caujaral, con referencias a Álex Saab y, posteriormente, a Ricardo Leyva, así como a un leasing habitacional cedido al ministro hace dos meses, del cual Benedetti paga más de 20 millones de pesos mensuales. En el plano político, la narrativa recoge investigaciones sobre su actuación como senador, en particular un proyecto de ley que benefició a una empresa de Euclides Torres en el sector de seguridad, y señalamientos de fortalecimiento de vínculos con la familia Torres, con la designación de Efraín Torres como fórmula para la Cámara y acercamientos a Pedro Flórez. También se menciona a Diego Cadena en relación con el supuesto montaje judicial que ha acompañado parte de este caso.
«Abuso de poder y acoso judicial» – Armando Benedetti, Ministro del Interior
Este conjunto de hechos y antecedentes sitúa al caso Benedetti en un momento de alta tensión institucional, con posibles repercusiones sobre la continuidad de su cargo y sobre la percepción de independencia de la justicia ante presiones externas. El desarrollo de la petición ante la Procuraduría y la eventual decisión sobre la suspensión provisional marcarán en los próximos días el ritmo de una historia que, además, podría abrir nuevos frentes de investigación y generar un debate público sobre los límites entre la función ejecutiva y las decisiones judiciales.
