Bogotá ha logrado reducir el hacinamiento en sus estaciones de Policía por debajo del 50% según datos de 2026, gracias a un conjunto de acciones operativas, jurídicas, de infraestructura y la implementación de la herramienta digital PP Connect, que opera desde 2025. Lina María Toro, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Distrito, destacó que estas medidas responden directamente a la sentencia SU 122 de 2022 de la Corte Constitucional, que ordenó a los entes territoriales y al Gobierno Nacional coordinar esfuerzos para resolver el problema de las detenciones prolongadas en espacios transitorios diseñados originalmente para un máximo de 36 horas.
Las estaciones de Policía en la capital, con una capacidad instalada para 1.227 capturados, habían alcanzado picos alarmantes de más de 3.280 personas hace un año, lo que representaba un 167% de sobreocupación, y cerca de 4.000 retenidos en 2025. Actualmente, la cifra se sitúa alrededor de 1.700 personas, un avance significativo impulsado por la plataforma PP Connect, desarrollada en conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura, que permite un seguimiento unificado de los detenidos, sus etapas judiciales y tiempos de detención, resolviendo vacíos informativos previos.
Persisten detenciones de semanas, meses y hasta años
A pesar de estos progresos, persisten detenciones extremas que pueden extenderse hasta cuatro años, con casos de entre 500 y 2.000 días en algunas estaciones, agravadas por retrasos judiciales, la falta de cupos en cárceles nacionales y la limitada coordinación institucional. La pandemia de COVID-19 limitó los traslados a centros penitenciarios, exacerbando la acumulación, en un contexto donde la Corte Constitucional declaró el hacinamiento carcelario como un estado de cosas inconstitucional por la vulneración sistemática de derechos humanos.
«Bogotá se tomó muy en serio la protección a la población privada de la libertad y al cumplimiento de las órdenes de la Corte. Estas se resumen en la sentencia SU 122 del 2022, donde se le ordena a los entes territoriales y al Gobierno Nacional tomar acciones de coordinación conjuntas para resolver el problema. En ese marco, se encontraron vacíos en los procesos de detención, ante lo cual, la ciudad diseñó distintas líneas operativas, jurídicas y otras asociadas a infraestructura.»
Lina María Toro, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Distrito
La subsecretaria Toro enfatizó que la plataforma PP Connect dinamitó condiciones previamente desbordadas en las carceletas de las estaciones, aunque la congestión judicial y la escasez de plazas carcelarias impiden una solución definitiva. Información proporcionada por la Defensoría del Pueblo, la Policía Metropolitana de Bogotá y Colprensa subraya que, si bien las cifras de 2026 marcan una mejora, el seguimiento continuo es esencial para garantizar los derechos de los privados de la libertad en la capital.
«Eso dinamitó una condición que no tenían las estaciones de policía del todo resuelta, porque antes de eso ya estaba desbordado el número de personas en las carceletas de las estaciones de policía.»
Lina María Toro, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Distrito
Este esfuerzo conjunto representa un paso adelante en el cumplimiento de las órdenes constitucionales, pero alerta sobre la necesidad de mayor agilidad judicial y recursos penitenciarios para erradicar de raíz las detenciones prolongadas en Bogotá.
