La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reglamentó el uso de perros en empresas privadas de seguridad en Colombia, fijando jornadas de seis a ocho horas diarias, certificaciones anuales y la prohibición de métodos de adiestramiento violento, tras la muerte de un perro llamado Limonar en el aeropuerto El Dorado y la investigación sobre la empresa Logiscan Ltda. La norma, expedida en octubre de 2025, se inscribe en el marco de la Ley Lorenzo, conocida como la Ley 2454 de 2025, y aclara que estas medidas se aplican exclusivamente a las empresas privadas de seguridad, sin afectar a los perros de la Policía ni de las Fuerzas Militares. El anuncio llega en un contexto de investigaciones en curso por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Ambiental, con participación adicional del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el seguimiento de las autoridades a nivel institucional.
En el marco de estas nuevas reglas, la Superintendencia abrió un proceso sancionatorio contra el ICA por contratar a Logiscan Ltda. sin la debida autorización para operar con caninos y por presentar fallas sanitarias, mientras que Logiscan Ltda. quedó suspendida. El caso estuvo paralizado durante meses y se reactivó para esclarecer también la muerte de Limonar y el vacío regulatorio existente. Notas de contexto señalan que el ICA aún no se ha pronunciado sobre las investigaciones en curso. El Tiempo citó a Juan Carlos Medina, presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (Andevip), para destacar los beneficios de la regulación y la necesidad de un fortalecimiento de los controles en el corto plazo.
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La regulación establece medidas prácticas como jornadas laborales de entre seis y ocho horas, certificaciones anuales para los responsables de manejo canino y la prohibición de castigos o métodos de adiestramiento violentos. También impone protocolos de bioseguridad, el registro de horas trabajadas y la llevanza de bitácoras para cada can, además de preverse inspecciones periódicas y sorpresivas para verificar el cumplimiento. Aunque la norma no alcanza a la Policía ni a las Fuerzas Militares, su alcance se restringe a las empresas privadas de seguridad y se presenta como un marco para un mayor control y posibles avances tecnológicos que sustituyan o complementen a los caninos en ciertos escenarios de vigilancia.
«La regulación permite fortalecer el vínculo entre el manejador y el animal y favorece la profesionalización del sector. Lo relevante es que se garantice el bienestar de los caninos y la idoneidad de quienes los manejan» – Juan Carlos Medina, presidente de Andevip
Con todo, estas medidas responden a irregularidades conocidas por la autoridad y buscan evitar que ocurran nuevos vacíos normativos. La decisión de emitir la Ley Lorenzo y el reglamento específico para el uso de canes por parte de empresas privadas de seguridad marca un giro claro hacia un mayor control y transparencia en el manejo de estos animales, sin alterar las funciones de la Policía ni de las Fuerzas Militares. La noticia, relevante para el sector de la seguridad privada y para la protección animal, se desprende de una coyuntura que también ha exigido mayor rigor en los controles y una revisión de procesos que permitan salvaguardar tanto la seguridad como el bienestar de los caninos involucrados en labores de seguridad privada.
