En un fallo que marca un hito en la interacción entre el poder judicial y la comunicación oficial, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego rectificar y disculparse por atribuir, sin evidencias pertinentes, que Jaime Miguel González, exgerente de Coosalud, participó en maniobras para defraudar el sistema de salud, y ordenó la rectificación de once publicaciones identificadas en el expediente. La decisión, de la que no se especifica la fecha en el material disponible, exige que la Presidencia asuma de forma pública que se equivocó y repare el daño generado por esas afirmaciones.
La resolución detalla que, además de la rectificación y las disculpas, se debe abstener de emitir nuevos mensajes sin respaldo y realizar aclaraciones públicas para cada una de las once publicaciones señaladas. Esta medida surge tras una auditoría de la Superintendencia Nacional de Salud cuyos resultados preliminares no acreditaron responsabilidad personal del exgerente, y señala que las observaciones fueron difundidas como conclusiones definitivas sin verificación rigurosa; el fallo también subraya que las decisiones judiciales sobre el caso aún están en curso y que la reputación y el debido proceso están en juego cuando no se verifica la información difundida.
La orden y sus alcances
El documento judicial especifica que la rectificación debe hacerse de forma pública y acompañarse de disculpas, además de exigir que la Presidencia evite vincular al exgerente González a hechos para los que no exista respaldo probatorio, al menos respecto a las once publicaciones identificadas en el expediente. Se fijó un plazo de cinco días para cumplir estas medidas, un lapso que obliga a una revisión inmediata de contenidos divulgados por la oficina de prensa presidencial y de cualquier comunicación oficial relacionada con investigaciones en curso.
«el Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, tampoco presentó evidencias pertinentes» – Tribunal Administrativo de Cundinamarca
«aún no existe una decisión emitida por autoridad judicial competente» – Tribunal Administrativo de Cundinamarca
La responsabilidad de estas medidas no recae solo en la Presidencia sino en la necesidad de fortalecer los procesos internos de revisión y verificación de información antes de su divulgación, de forma que se protejan los derechos de reputación de las personas involucradas y se garantice el debido proceso mientras la autoridad judicial emite resoluciones definitivas. Desde Manizales, este caso adquiere un peso relevante al subrayar límites claros a la divulgación de información oficial en etapas aún no concluidas de una investigación.
