El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta presión del Pacto Histórico para resolver el expediente de la campaña Gustavo Petro 2022-2026 por presunta violación de topes; la sesión prevista para el 20 de noviembre de 2025 se vio alterada por la admisión de una tutela y por la presentación de dos comunicaciones formales dirigidas al CNE que podrían atrasar la votación definitiva. La intensidad de las gestiones refleja la lucha por preservar la personería de movimientos y garantizar la inscripción de candidatos para las elecciones de 2026, ante un marco de investigación que ocupa buena parte de la agenda política en Bogotá.
Entre los protagonistas figuran Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico; Carolina Corcho, exministra de Salud y cabeza de la lista al Senado; Carlos Benavides, senador del Polo Democrático; Ricardo Roa Barragán, presidente actual de Ecopetrol y dirigente de la campaña Petro Presidente; Alba Lucía Velásquez, magistrada vinculada al Pacto Histórico que abstuvo su voto; Álvaro Echeverry, magistrado de Colombia Justa Libres impedido para participar; y los conjueces Fernando Guzmán Rodríguez y Jorge Iván Acuña Arrieta, quienes adelantaron que requieren más tiempo para estudiar el expediente. La solicitud de prórroga para analizar el expediente por violación de topes, la tutela para acelerar la resolución y las peticiones de aplazamiento por parte de los conjueces configuran un escenario en el que la decisión podría postergarse y, en ese proceso, impactar calendarios clave del proceso electoral.
La tutela y el voluminoso expediente condicionan la agenda en Bogotá
Según lo informado, la tutela fue admitida por el Tribunal Superior de Bogotá, que pidió a todas las entidades involucradas entregar sus posiciones con urgencia, en espera de un fallo que podría definir los próximos pasos sancionatorios. Paralelamente, los conjueces Guzmán Rodríguez y Acuña Arrieta solicitaron prórrogas para analizar un expediente que, según las estimaciones, supera las 500 hojas. Entre las fechas relevantes, se señaló una sesión para el 20 de noviembre de 2025 y la posibilidad de reprogramación para la semana del 24 al 28 de noviembre, con una fecha límite establecida por la Registraduría para inscribir candidatos el 8 de diciembre de 2025, conforme a la Resolución 2581 de 2025, de 5 de marzo de 2025.
«Al ser un tema de trascendencia nacional y debido al amplio volumen de la ponencia que cuenta con más de 500 folios, considero que no cuento con el suficiente tiempo para el estudio del proyecto (02 días hábiles), razón por la cual me veo en la necesidad de solicitar se reprograme y/o aplace la Sala que tiene como finalidad la votación del proyecto de decisión para la semana comprendida entre el 24 al 28 de noviembre de 2025. Además de ello es de mi deber y deseo consignar el voto del proyecto de decisión para el cual fui designado» – Jorge Iván Acuña Arrieta, conjuez
El contexto necesario destaca que el proceso investiga presuntas violaciones de topes electorales durante la campaña Petro Presidente 2022, y que el Pacto Histórico busca apurar sanciones contra opositores y/o preservar su propia personalidad jurídica para las contiendas de 2026. En la votación de la Sala Plena, cinco magistrados apoyaron sancionar la campaña, mientras dos se abstuvieron, con Velásquez apartándose por recusación y Echeverry por impedimento, lo que añade una capa de complejidad al procedimiento y a la comunicación entre las entidades involucradas.
Entre los datos secundarios se destacan que el Tribunal Superior de Bogotá aceptó estudiar la tutela presentada por Corcho, Cepeda y Benavides y que pidió a todas las entidades implicadas entregar sus posiciones con urgencia. También se confirmó que los conjueces solicitaron prórrogas para poder analizar el voluminoso expediente, que, de acuerdo con las fuentes, contiene más de 500 folios. El recurso fue interpuesto por Cepeda, Corcho y Benavides, con el objetivo declarado de acelerar los procedimientos administrativos sancionatorios contra los partidos de la coalición para evitar afectar su personalidad jurídica de cara a las elecciones de 2026, mientras otros actores señalan la necesidad de más tiempo para estudiar el expediente antes de la votación final, en medio de un calendario electoral estrecho y sensible.
La secuela de este proceso podría redefinir, de forma significativa, la continuidad de la personería jurídica de movimientos coalicionados y la inscripción de candidatos para 2026, ya que las decisiones que se tomen en el CNE y en el Tribunal Superior de Bogotá podrían acelerar o demorar la sanción definitiva, alterando el paisaje electoral y el equilibrio entre fuerzas políticas en el periodo previo a las votaciones. En cualquier caso, las próximas semanas serán decisivas para determinar si se avanza hacia una resolución pronta o hacia un nuevo aplazamiento que mantenga en suspenso la decisión final sobre el expediente que envuelve al Pacto Histórico y a la campaña Petro 2022-2026.
