Un bombardeo de las fuerzas militares en El Guaviare, registrado en la madrugada del 15 de noviembre de 2025, dejó 25 fallecidos, de los cuales 7 eran menores, según Medicina Legal. El ataque tuvo lugar en un campamento de disidencias de las Farc ubicado en una zona rural de Calamar, El Guaviare, y ha provocado un clamor político después de que el sargento retirado Alexander Chala Sáenz exigiera la renuncia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en medio de un intenso debate sobre la protección de la infancia en escenarios de conflicto y la responsabilidad institucional del gobierno de Gustavo Petro, con Iván Mordisco citado como líder de las estructuras atacadas.
El Ministerio de Defensa presentó la operación como un golpe estratégico contra un reducto de una estructura responsabilizada de extorsiones, reclutamiento forzado y ataques a la fuerza pública. Según la versión oficial, el bombardeo fue dirigido y se empleó inteligencia para localizar a posibles menores, con el objetivo de minimizar riesgos para la infancia y salvaguardar la vida de civiles que podrían verse afectados. Iván Mordisco es citado como líder de las disidencias atacadas, y la operación se enmarca en la actual orientación de seguridad promovida por el presidente Petro.
Impacto político y debate sobre la protección de la infancia tras el bombardeo
La cifra de víctimas, en particular la presencia de menores entre los fallecidos, reabre un acalorado debate sobre la planificación de operaciones militares en territorios de conflicto y la implementación de salvaguardas para los menores, conforme al derecho internacional humanitario. Antecedentes de debates sobre el uso de bombarderos y la precisión de la inteligencia alimentan la discusión sobre responsabilidades y posibles fallas en la toma de decisiones que podrían haber puesto en riesgo a la población infantil.
«exigir la renuncia del ministro de inmediato» – Alexander Chala Sáenz, sargento retirado
Chala, además, señaló que hemos presenciado discursos centrados en otros temas de interés internacional, lo que, según él, desatiende la protección de la infancia frente a la violencia de grupos armados. Añadió que la inteligencia en el sector es fundamental para obtener información sobre la composición de la estructura criminal y para determinar si hay menores involucrados, especialmente si han sido reclutados previamente en la zona. En sus palabras, la planificación debe hacerse con toda esta información y, antes de ejecutar cualquier acción, priorizar la salvaguarda de la vida de estos niños, quienes son víctimas del conflicto. Para el exmiembro de la fuerza pública, un gobierno que no prioriza el rescate de menores y opta por operaciones letales demuestra una incapacidad preocupante.
Medicina Legal confirmó las cifras y la presencia de menores entre las víctimas, y el relato oficial subraya que la operación buscaba impactar a un grupo responsable de extorsiones y ataques a las fuerzas de seguridad. Iván Mordisco es citado como líder de las estructuras atacadas, mientras que el tema continúa siendo una fuente de presión política que podría repercutir en la relación entre el presidente Petro y el Ministerio de Defensa, así como en la forma en que las Fuerzas Armadas demuestran resultados ante la ciudadanía y ante la justicia por la protección de menores en contextos de conflicto.
