El representante a la Cámara Daniel Briceño calificó como impunidad absoluta las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a siete exintegrantes del secretariado de las Farc, en el marco de la sentencia por secuestro. En un mensaje publicado en redes sociales, Briceño cuestionó la proporcionalidad de las penas, que consisten en trabajos restaurativos, monitoreo electrónico y restricciones de libertad, y se refirió específicamente a la exsenadora Sandra Ramírez, conocida en la guerrilla como “Griselda Lobo”, por su presunta responsabilidad en delitos contra menores, pese a que ella no figura entre los sancionados en esta decisión.
Las sanciones fueron impuestas contra Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Pablo Catatumbo; Jaime Alberto Parra; Milton de Jesús Toncel; Pastor Alape; Julián Gallo y Rodrigo Granda. La JEP determinó condenas de 5 a 8 años de trabajos restaurativos, que incluyen labores de búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, junto con monitoreo electrónico y prohibición de salir del país. El primer proyecto de trabajos iniciará entre el 21 y el 30 de septiembre de 2026. Londoño y Catatumbo recibieron 8 años de sanción; Pará, 7 años, 10 meses y 2 días; Toncel, 7 años, 8 meses y 25 días; Alape, 6 años, 11 meses y 22 días; Gallo, 6 años; y Granda, 5 años.
Críticas a la JEP y señalamientos contra Sandra Ramírez
En su mensaje, Briceño arremetió contra la naturaleza de las sanciones: “Sandra Ramírez, decenas de delitos, vidas de niñas y adolescentes destruidas, ocho años de curul regalada en el Congreso, escoltas y privilegios. ¿Sanción de la JEP? Ocho años sin cárcel, haciendo ‘trabajo social’ y burlándose de las víctimas. Impunidad absoluta”. El congresista vinculó a Ramírez directamente con los hechos, aunque la exsenadora no fue incluida en la sentencia del caso de secuestro. La JEP sí la ha citado a versión voluntaria en el Caso 07, que investiga reclutamiento y utilización de niños y adolescentes, así como violencias sexuales y reproductivas cometidas por las Farc.
La citación a Ramírez, quien fue compañera sentimental del fallecido comandante Manuel Marulanda Vélez, busca esclarecer si tuvo conocimiento o intervención en estos delitos debido a su posición dentro de la guerrilla. Según la JEP, esta diligencia no constituye imputación ni determina responsabilidad penal. Sin embargo, el testimonio de víctimas como Deisy Dorelly Guanaro, quien fue reclutada siendo menor, ha puesto el foco sobre Ramírez. Guanaro relató: “Cuando tenía 12 años, me trasladaron a San Vicente del Caguán. Esta señora nos reunió a todas las niñas y nos obligó a ponernos ropa interior de color negro. Y, en dos ocasiones, nos hizo desfilar frente a todos los comandantes del secretariado”. La JEP contrastó esta declaración con la versión de Ramírez, quien afirmó: “Nunca fue una política de las Farc, eso sí fue diferente. Pudo haber sucedido, sí, pero nosotros nunca lo ordenamos como colectivo”.
Contexto de las sanciones restaurativas
Las tareas restaurativas impuestas a los siete excomandantes no incluyen labores forenses directas, sino de apoyo logístico a los equipos de antropología que buscan cuerpos de desaparecidos. La decisión de la JEP ha generado un intenso debate político y social. Mientras sectores de la oposición, como Briceño, consideran que las sanciones son un gesto de impunidad, la Jurisdicción defiende que estas medidas son proporcionales al marco de justicia transicional pactado en el Acuerdo de Paz. El caso de Sandra Ramírez sigue en fase de indagación, y su nombre continúa siendo central en las denuncias por violencias sexuales y reclutamiento de menores dentro de la extinta guerrilla.
