En una sesión reciente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el canciller de Colombia, Omar Bula, encendió las alarmas al revelar que el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales se ha convertido en una crisis humanitaria de proporciones dramáticas, con un aumento del 300% en cinco años y del 64% solo entre 2023 y 2024. En su primera intervención como jefe de la diplomacia colombiana ante el organismo multilateral, Bula informó que el año pasado se verificó en promedio el reclutamiento o la utilización de un niño cada 20 horas, con más de 326 casos documentados por las Naciones Unidas. El canciller, quien habló durante 18 minutos, presentó el balance de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y propuso un ajuste sustancial al mandato de la Misión de Verificación de la ONU, lo que provocó el rechazo inmediato del expresidente Gustavo Petro.
Propuesta de ajuste al mandato de la ONU
La propuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella consiste en focalizar el mandato de la Misión de Verificación exclusivamente en la reincorporación y las garantías de seguridad de los excombatientes de las Farc-EP, retirando de su competencia el componente de Reforma Rural Integral. Bula argumentó que la reincorporación y las garantías de seguridad están directamente vinculadas con la transición de los antiguos integrantes hacia la vida civil, lo que justifica la continuidad de la verificación internacional. Sin embargo, añadió que la Reforma Rural Integral constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano, bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que la medida busca garantizar la efectividad de los recursos internacionales mientras el Estado retoma la autoridad constitucional en los territorios.
«Las Naciones Unidas han verificado que el reclutamiento y la utilización de menores por grupos armados aumentaron un 300% en cinco años. Solo entre 2023 y 2024, ese incremento fue del 64%. En 2024 se verificó en promedio el reclutamiento o la utilización de un niño cada 20 horas. Repito, cada 20 horas, documentado en más de 326 casos».
Omar Bula, Canciller de Colombia
El deterioro de la seguridad y las cifras de la violencia
La intervención del canciller se da una década después de la firma del Acuerdo de Paz, en un contexto de marcado deterioro de los indicadores de seguridad. Bula reveló que las estructuras armadas ilegales pasaron de 6.000 a casi 30.000 integrantes, y que entre julio de 2016 y agosto de 2026 se registraron 132.930 homicidios, cerca de 100.000 extorsiones y más de 2.750 secuestros. Frente a este panorama, el canciller sustentó el viraje gubernamental con los resultados operacionales de los primeros 60 días de gobierno, que incluyen 32.029 capturas, 135 toneladas de estupefacientes incautados, 3.414 armas de fuego decomisadas y 119 órdenes de extradición firmadas.
La respuesta contundente de Gustavo Petro
Las declaraciones de Bula no tardaron en generar una reacción furibunda por parte del expresidente Gustavo Petro, quien calificó al gobierno de «narcogobierno» y vinculó al presidente Abelardo de la Espriella con antiguas prácticas de una oficina de abogados. En su cuenta de la red social X, Petro afirmó que el canciller pide que la riqueza de la mafia, es decir, la tierra acaparada con violencia y con dinero, no se reparta a los campesinos. Asimismo, criticó que la ONU y su Consejo de Seguridad no miren cómo se devuelve a los narcotraficantes sus bienes malhabidos desde el gobierno mismo. En un mensaje adicional, sentenció que lo que antes se hacía con la oficina de abogados, ahora se hace desde la oficina de la presidencia.
«El canciller de un narcogobierno pide que la riqueza de la mafia: que es la tierra acaparada con violencia y con dinero, no se reparta a los campesinos. Que la ONU y su Consejo de Seguridad no miren cómo se devuelve a los narcotraficantes sus bienes malhabidos desde el gobierno mismo».
Gustavo Petro, expresidente de Colombia
La controversia deja al descubierto una profunda fractura en la interpretación del Acuerdo de Paz y del papel de la comunidad internacional en su implementación. Mientras el gobierno de Espriella defiende una reingeniería institucional que devuelva al Estado colombiano la responsabilidad directa sobre la reforma rural, el expresidente Petro denuncia lo que considera una maniobra para beneficiar a los grandes terratenientes y estructuras criminales. La decisión final sobre el futuro del mandato de la Misión de Verificación de la ONU queda ahora en manos del Consejo de Seguridad, ante un país que sigue contando las horas en que un niño es arrebatado de su hogar para engrosar las filas de la guerra.
