La senadora María Fernanda Cabal cuestionó con dureza el elevado gasto en combustible destinado a los 31 viajes internacionales realizados por la vicepresidenta Francia Márquez desde su posesión en el cargo el 7 de agosto de 2022, cifra que asciende a 2.540.297.296,82 pesos colombianos, equivalentes a 658.403,91 dólares estadounidenses, según una respuesta oficial del Ministerio de Defensa Nacional a una solicitud de información presentada por la legisladora.
Esta revelación, divulgada por la senadora en su cuenta oficial de X (@MariaFdaCabal), ha desatado un amplio debate público sobre la utilización de los recursos estatales y la necesidad de mayor transparencia en los gastos de la alta función pública, especialmente en un contexto donde los viajes de la vicepresidenta han abarcado diversos destinos alrededor del mundo hasta la fecha de la respuesta oficial del Ministerio de Defensa.
Cifras y declaraciones que avivan la controversia
El Ministerio de Defensa Nacional detalló en su comunicación que el costo estimado del combustible para estos desplazamientos asciende precisamente a esa suma millonaria, cubriendo el periodo desde la asunción de Márquez hasta la actualidad, lo que pone en el centro del escrutinio el manejo presupuestal de la Vicepresidencia de Colombia en materia de movilidad aérea internacional.
“Francia Márquez desde el 7 de agosto de 2022 a diciembre de 2025, gastó en combustible en sus 31 viajes por el mundo la suma de $2.540.297.296,82 m/cte, esto son 658.403,91 USD”
María Fernanda Cabal, senadora
“el costo estimado del combustible utilizado en los viajes internacionales que ha realizado la señora Vicepresidente de la República, desde el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha fue de $2.540.297.296,82 m/cte, esto es 658.403,91 USD”
Ministerio de Defensa Nacional
La publicación de Cabal, acompañada de una captura de pantalla de la respuesta oficial y créditos a la Vicepresidencia de Colombia y la Prensa del Senado, resalta la importancia de los mecanismos de acceso a la información pública para fiscalizar el uso de dineros de los contribuyentes, en medio de crecientes demandas ciudadanas por controles más estrictos sobre los gastos de los funcionarios de alto nivel.
