En un giro que redefine el rumbo de la política de reconciliación en Colombia, la exsenadora María Fernanda Cabal ha respaldado de manera enfática la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de cerrar el Comisionado para la Paz y eliminar los beneficios otorgados a excombatientes de las extintas Farc. A través de una secuencia de publicaciones en su cuenta de la red social X, realizada durante el fin de semana previo a la posesión del mandatario, programada para el 7 de agosto de 2026, Cabal afirmó que los procesos de paz impulsados por los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro “exacerbaron la violencia”, alineando su discurso con el del nuevo jefe de Estado, quien ha ordenado desmontar la “impunidad” de la justicia transicional.
El anuncio del presidente electo De la Espriella, quien asumirá el cargo en menos de una semana, representa una ruptura drástica con las políticas de paz de las administraciones anteriores. En un pronunciamiento público, el dirigente instruyó al futuro comisionado de Seguridad, al ministro de Justicia y al ministro del Interior designados a ejecutar el cierre inmediato del Comisionado para la Paz, reemplazándolo por un enfoque centrado en la seguridad. “Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”, sentenció De la Espriella, quien agregó que la orden es desmontar “toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”, siempre cumpliendo con la Constitución y la ley.
Cabal celebra el fin de la “falsa paz” y apunta contra la JEP
La exsenadora María Fernanda Cabal, una de las voces más críticas de la oposición durante los últimos años, no solo celebró la medida, sino que recordó su propia postura anticipada durante su precampaña. “En mi precampaña le dije a los colombianos que la paz no se negociaba sino que se imponía. Hay que celebrar que se acabe con esos procesos que solo benefician a los criminales”, declaró Cabal en su cuenta de X, fijando una lectura política de respaldo absoluto al mandatario electo. La crítica de ambos líderes se centra en que los procesos de paz de Santos y Petro fracasaron y, lejos de pacificar el territorio, agravaron los niveles de violencia en el país.
El presidente electo fue aún más allá en sus señalamientos, dirigiendo sus dardos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado tras el acuerdo con las Farc. En una alusión directa al excomandante guerrillero Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, quien actualmente se desempeña como director del partido Comunes, De la Espriella lo calificó como “un criminal de guerra” que debería estar preso. “Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello”, aseveró el mandatario electo.
“Los procesos de paz de Santos y Petro exacerbaron la violencia en el país. En mi precampaña le dije a los colombianos que la paz no se negociaba sino que se imponía. Hay que celebrar que se acabe con esos procesos que solo benefician a los criminales”.
María Fernanda Cabal, exsenadora
La ofensiva contra la JEP y los beneficios a excombatientes se enmarca en una disputa política más amplia. De la Espriella también se refirió al actual presidente Gustavo Petro, a quien señaló como “mal perdedor” que, según él, se niega a reconocer el resultado electoral y promueve una “falsa desobediencia civil” para desestabilizar el país. “¿Y qué decir de un tribunal que le da refugio al entorno familiar del mal perdedor que se niega a reconocer el resultado en las urnas y promueve una falsa desobediencia civil acudiendo a todas las formas de lucha, precisamente para desestabilizar?”, cuestionó el presidente electo, ampliando el espectro de su crítica hacia el legado de la justicia transicional.
La decisión de De la Espriella y el respaldo de Cabal marcan una línea de ruptura total, no de ajuste, frente a los procesos de paz anteriores. Con la eliminación del Comisionado para la Paz y el desmonte de los beneficios a excombatientes, el nuevo gobierno se prepara para imponer un modelo de seguridad que, según sus propias palabras, busca reemplazar la negociación por la imposición como vía para alcanzar la paz en Colombia.
