En un significativo golpe contra las disidencias de las Farc, Ismael Cortés Sánchez, conocido como alias Jimmi y cabecilla de la estructura Franco Benavides, se entregó voluntariamente a las autoridades en la zona rural de Pasto, Nariño, acompañado de su pareja, alias Xiomara, una joven de 18 años con pocos meses de vinculación al grupo armado. Este hecho ocurrió tras intensos operativos militares que presionaron al delincuente, quien enfrentó cuatro intentos fallidos de captura, lo que lo llevó a la imposibilidad de escapar y al deseo de retornar a la vida civil.
Alias Jimmi, quien comenzó a delinquir a los 16 años y acumuló diez años de vinculación con la columna móvil Freddy Gutiérrez de la estructura Franco Benavides, bajo el mando de alias Iván Mordisco de las Emc, operaba principalmente en los municipios de Taminango y Sotomayor, así como en la vía Panamericana. Su rol incluía la participación en operaciones armadas y la gestión de finanzas ilícitas provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, actividades que le valieron una orden de captura de la Fiscalía General por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo.
Debilitamiento de la estructura criminal
La entrega de alias Jimmi se enmarca en el progresivo debilitamiento de la estructura Franco Benavides y sus redes financieras, acentuado por una crisis interna en julio de 2025, cuando se desconocieron las órdenes de alias Don Mata, conocido como “El Viejo”. Fuentes del Ejército Nacional, la Fiscalía General y la Revista Semana confirmaron que los recientes operativos militares fueron clave para forzar esta rendición, destacando la efectividad de las campañas contra el reclutamiento forzado de menores.
“Este criminal comenzó a delinquir a los dieciséis años. Y duró diez años delincuyendo. Esto nos recuerda que el crimen está comenzando a temprana edad, pero también que estamos haciendo campañas para prevenir ese reclutamiento forzado de menores”
Pedro Sánchez, Ministro de Defensa
Este suceso representa un avance en la lucha contra los grupos armados residuales en el suroccidente colombiano, reafirmando el compromiso de las fuerzas públicas por desmantelar estas organizaciones y promover la reinserción de quienes deciden dejar las armas, en un contexto de mayor presión sobre sus líderes y finanzas ilegales.
