En un importante golpe contra las disidencias de las FARC, Ismael Cortés Sánchez, conocido como alias Jimmi y cabecilla de la estructura Franco Benavides, se entregó voluntariamente a las autoridades en la zona rural de Pasto, Nariño, acompañado de su pareja, alias Xiomara, una joven de 18 años vinculada a la organización por pocos meses. La rendición ocurrió tras intensos operativos militares que generaron una presión insostenible, luego de cuatro intentos fallidos de captura por parte del Ejército.
Aliás Jimmi, quien comenzó a delinquir a los 16 años y acumuló diez años de vinculación con la estructura Franco Benavides, optó por deponer las armas ante la imposibilidad de escapar y una crisis interna que azotaba al grupo. Este cabecilla estaba integrado a la columna móvil Freddy Gutiérrez, parte de las Emc acaudilladas por alias Iván Mordisco, y tenía un rol clave en la coordinación de operaciones armadas así como en la gestión de finanzas ilegales provenientes del narcotráfico, la minería ilícita y la extorsión. Contra él pesaba una orden de captura de la Fiscalía General por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo, y se le atribuye la planeación de ataques contra la fuerza pública y la población civil en áreas como los municipios rurales de Taminango y Sotomayor, así como en la vía Panamericana.
Crisis interna acelera la desmovilización
La entrega de alias Jimmi se enmarca en un debilitamiento progresivo de la estructura Franco Benavides y sus redes financieras en Nariño, agravado por una crisis interna en julio de 2025, cuando se desconocieron las órdenes de alias Don Mata, conocido como «El Viejo». Este contexto de divisiones y operaciones militares ha propiciado rendiciones similares en la región.
«Este criminal comenzó a delinquir a los dieciséis años. Y duró diez años delincuiendo. Esto nos recuerda que el crimen está comenzando a temprana edad, pero también que estamos haciendo campañas para prevenir ese reclutamiento forzado de menores»
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
La desmovilización de este cabecilla representa un avance significativo en los esfuerzos del Gobierno por desarticular las disidencias en el suroccidente del país, destacando la efectividad de las campañas preventivas contra el reclutamiento de menores y la presión sostenida sobre las finanzas ilícitas de estos grupos armados ilegales.
