Luego de que Abelardo de la Espriella ganara las elecciones presidenciales el pasado 21 de junio de 2026 y prometiera no negociar con grupos ilegales, los cabecillas de las estructuras delincuenciales de Medellín y el Valle de Aburrá emitieron un comunicado para solicitar la continuidad de la mesa de negociación de paz urbana. El presidente electo, sin embargo, descartó cualquier diálogo y fijó un plazo de un mes para que estos grupos se sometan al Estado de derecho, mientras que la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, celebró el fin de los beneficios que, a su juicio, se les otorgaron durante el gobierno de Gustavo Petro.
El comunicado, fechado el 23 de junio de 2026, fue estructurado a tres voces: la Delegación del Gobierno, los voceros de las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto y el Movimiento Social por la Paz Urbana. En el documento, los firmantes indicaron que el día anterior, 22 de junio, hicieron presencia en el Centro Penitenciario La Paz, ubicado en Itagüí, con el propósito de definir la ruta para la construcción de un informe sobre los avances del espacio de conversación sociojurídico en Medellín y el Valle de Aburrá. No obstante, la nueva administración, que iniciará el 7 de agosto de 2026, se prepara para desmontar la mesa de diálogo, lo que ha generado reacciones encontradas en el espectro político.
Reacciones encontradas y postura del nuevo gobierno
Abelardo de la Esprilla, presidente electo de Colombia, fue tajante en su declaración pública al advertir: «A todos los ilegales: disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron en el régimen que está llegando a su fin». Esta postura, que marca un giro radical frente a la política de Paz Total impulsada por el gobierno saliente, fue respaldada por la concejala Claudia Carrasquilla, quien ha sido una de las críticas más acérrimas del proceso de paz urbana en Antioquia.
En una declaración contundente, Carrasquilla afirmó: «Así quieran desviar la atención de la opinión pública diciendo que no se va a desmontar la mesa de diálogos de la cárcel de Itagüí, que les quede clara una cosa: ¡Se les acabó el tiempo! Mientras el país votó por recuperar la autoridad y derrotar la impunidad, la senadora Isabel Zuleta habría corrido a advertirles a los cabecillas criminales sentados en las llamadas mesas sociojurídicas que ya no podía garantizarles los privilegios que les otorgó el Gobierno Petro». La concejala también señaló que durante tres años se le vendió a Medellín el cuento de la ‘Paz Total’, pero que nunca se mostraron resultados reales y que la extorsión siguió golpeando a los comerciantes, las estructuras criminales conservaron sus rentas ilegales y jamás se explicó cómo iban a desmontar las economías del narcotráfico y el control territorial de las bandas.
«Durante tres años le vendieron a Medellín el cuento de la ‘Paz Total’, pero nunca mostraron resultados reales. La extorsión siguió golpeando a los comerciantes, las estructuras criminales conservaron sus rentas ilegales y jamás explicaron cómo iban a desmontar las economías del narcotráfico y el control territorial de las bandas»
Claudia Carrasquilla, concejala de Medellín
Carrasquilla, quien ha denunciado amenazas de muerte y ha sido una de las principales enemigas de la paz urbana, elevó la presión sobre el nuevo gobierno al exigir acciones concretas: «El presidente electo Abelardo de la Espriella tiene una tarea urgente: desmontar el andamiaje jurídico que permitió estos acuerdos, derogar las normas que los respaldaron y devolver a estos criminales al régimen penitenciario que corresponde. La seguridad de Medellín no puede seguir subordinada a los intereses de los delincuentes». Mientras tanto, los voceros de las estructuras armadas buscan mantener el proceso de negociación, aunque el nuevo mandatario ya dejó claro que no habrá concesiones, y que los grupos delincuenciales deberán someterse a la ley sin ofertas generosas.
